Tres años después de la puesta en marcha de la reforma laboral, el Gobierno, la patronal y los sindicatos discrepan de los efectos que ha tenido sobre un mercado que cuenta ahora con menos parados, pero también con menos ocupados que a comienzos de 2012. Según los últimos datos de la EPA, en el primer trimestre de 2012, cuando empezó su andadura la reforma laboral, el número de ocupados ascendía a 17.765.100 personas, cifra que se había reducido en 196.000 trabajadores en el último trimestre de 2014. En cuanto al desempleo, se pasó de los 5.667.900 de parados a principios de 2012 hasta los 5.457.700 de los tres últimos meses de 2014, es decir, 210.000 parados menos, lo que se tradujo en un descenso de medio punto de la tasa de paro, hasta el 23,7 %.
La clave de este comportamiento está en la evolución de la población activa, que se redujo en dicho periodo en 406.200 personas, hasta un total de 23.026.800 personas, lo que situó la tasa de actividad en el 59,77 % de la población. Este descenso de la población activa responde a la salida de ciudadanos del país, al envejecimiento de la población y al efecto desánimo que lleva a muchas personas a abandonar la idea de incorporarse al mercado laboral.
El tercer cumpleaños de esta reforma laboral (se aprobó el 10 de febrero del año 2012) coincide con una sentencia del Tribunal Constitucional que la avala, desestimando los recursos planteados por PSOE e IU.
La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, asegura que gracias a la reforma laboral se ha frenado el «impacto destructor» de empleo de la segunda fase de la recesión y ha permitido acelerar la creación de empleo en cuanto la economía ha vuelto al crecimiento. Para los sindicatos, la reforma laboral ha dejado un país con más precariedad y desigualdad laboral y social, en el que los salarios han perdido mucho poder adquisitivo y en el que tener un empleo no significa salir de la pobreza.
