Bankia prevé que la caída del Banco de Valencia puede sumar nuevos costes por acciones judiciales a los que ya afectan a la propia entidad en solitario. El informe de gestión del año pasado, presentado ayer ante la CNMV, contempla en el apartado de «procedimientos judiciales y/o reclamaciones en curso» los efectos que sobre la entidad puede tener la querella presentada a principios de 2012 por la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval), que fue dirigida contra todo el consejo de este banco, la auditora Deloitte y su representante legal «por delitos societarios» que provocaron la intervención de la entidad en noviembre de 2011 y la posterior pérdida total del valor de las acciones. Bankia consigna la existencia de esa querella y se limita a añadir que no es «posible, de momento, cuantificar el riesgo económico».
Bankia es heredera de Bancaja, que a su vez controlaba el 40 % del Banco de Valencia. Los puestos que le correspondían en el consejo de administración los ocupaban empresas filiales suyas y en representación de las mismas estaban en ese órgano de gobierno José Luis Olivas (presidente) o Domingo Parra (consejero delegado). Así que, en función de cómo finalice la instrucción y eventual juicio por esta querella que investiga el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, Bankia y su matriz BFA podrían tener que asumir un coste económico. El abogado de Apabankval, Diego Muñoz Cobo, aseguró ayer a este diario que la responsabilidad civil máxima alcanza los 405 millones, en el supuesto, de muy difícil concreción, de que todos los minoritarios „un 30 % del capital, dado que el 70 % restante estaba en manos de Bancaja y el resto del consejo„, reclamen. Serían 150 millones de acciones a un valor patrimonial neto de 2,7 euros cada una„el activo menos el pasivo exigible divididos por el número de acciones„, lo que resulta en la citada cifra de 405 millones. Muñoz Cobo precisó además que otros factores influirán en el coste final para las partes implicadas, empezando por la responsabilidad que se achaque a los consejeros y a la auditora o la aportación que corresponda a las aseguradoras.
Bankia también detalla que la firma Sanahuja Escofet Inmobiliaria ha presentado una demanda en el juzgado de Valencia número 23 en la que le exige una indemnización por daños y perjuicios de 8.9 millones por una promoción a desarrollar sobre 12 fincas en Benicalap.
La entidad financiera tiene abiertos 243 procedimientos judiciales de nulidad de cláusulas suelo por un importe de 1,5 millones. El Grupo Rayet también ha presentado una demanda contra Bankia y otros por irregularidades en las valoraciones de la cartera de suelo y contables, antes y después, de la salida a Bolsa el 26 de mayo de 2006 de Astroc, la inmobiliaria de Enrique Bañuelos. La reclamación contra Bankia se fundamenta en su condición de directora de la salida a Bolsa de la sociedad.
Por otro lado, Bankia ha recibido 933 demandas civiles de inversores particulares, ya sea de forma individual o agrupada, en contra de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de acciones realizada en 2011, según los informes de auditoría de la entidad. De estas demandas, se encuentran «vivas» 860, asegura Bankia, que ha recibido además 4.312 reclamaciones extrajudiciales. En total 5.245. Tres juzgados de Primera Instancia de Valencia han coincidido en anular la compra de acciones de Bankia a cuatro particulares y condenan a la entidad financiera a devolver 41.000 euros, según informó ayer la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras.
