La Comisión Europea (CE) ha admitido a trámite la denuncia presentada el pasado día 12 de febrero por el sindicato agrario Unión de Uniones „organización a la que pertenece la Unió de Llauradors„ debido al posible incumplimiento del Gobierno de España en la regulación correcta de los pagos de la Política Agraria Común (PAC). También se analizará el presunto pago indebido a personas físicas y jurídicas que no reúnen las condiciones de ser beneficiarios de las subvenciones directas al no ser agricultores y ganaderos.
El secretario general de la Unió de Llauradors, Ramón Mampel, aseguró ayer que sólo por la «desastrosa aplicación de la PAC» los agricultores y ganaderos valencianos podrían perder de forma directa cerca de 230 millones de euro. De esta cantidad, 19 millones corresponden a los recortes aplicados por el Gobierno, unos 200 porque deja fuera muchos cultivos y subsectores ganaderos, y 10 millones porque se quedarán fuera los que cobren menos de 300 euros por explotación dentro de dos años. Todas estas cuestiones han sido criticadas por parte de esta organización lo largo de los últimos meses y trasladadas tanto al Ministerio como a la conselleria de Agricultura.
La denuncia de la Unió será examinada por los servicios del Ejecutivo comunitario y se trasladarán los resultados de dicho examen. El desarrollo de la denuncia podría derivar en un posible procedimiento de infracción.
La Unió realizará en las próximas semanas un intenso calendario de acciones que culminará con una manifestación el próximo 26 de marzo en Madrid para denunciar la «negligente negociación previa» y la posterior «aplicación nefasta» de la nueva PAC 2015-2020 y otras cuestiones que perjudican a los agricultores y ganaderos. La Unió está recogiendo firmas de apoyo, de las cuales efectuará una primera entrega el próximo 12 de marzo ante las oficinas de la CE en España. En los próximos días, con objeto de reforzar esta denuncia, se presentará una demanda ante los tribunales contra el Gobierno central por la falta de diligencia y el presunto pago en España de pagos directos de forma contraria a lo establecido en los reglamentos comunitarios.
Sea como fuere, la Generalitat sigue adelante con sus previsiones de aplicación de la PAC. Ayer aseguró que más de 80.000 agricultores y ganaderos tendrán acceso a las ayudas de Bruselas para el período 2015-2020, estimadas en 180 millones de euros anuales. El pasado lunes se abrió el proceso de solicitud de ayudas. De hecho, la conselleria de Agricultura va a publicar «con carácter inminente» en el DOCV cuatro órdenes de ayudas. Estos textos establecerán las bases aplicables a diversos pagos a los agricultores en zonas con limitaciones naturales, las medidas de apoyo a agricultura ecológica, así como a los fondos correspondientes a los programas agroambientales y del clima.
