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Inmueble

La compra de un local en Valencia causó un quebranto de 15 millones a Caja Duero

UPyD presenta una querella contra la excúpula de la entidad por cuatro operaciones inmobiliarias que provocaron un agujero de 160 millones

La compra de un local en Valencia causó un quebranto de 15 millones a Caja Duero

UPyD se ha querellado en la Audiencia Nacional contra la excúpula de Caja Duero „hoy Banco Ceiss„, en la que se encuentra el expresidente de la entidad Julio Fermoso, por cuatro operaciones inmobiliarias «de escasa racionalidad financiera» con las que se pudo provocar un agujero de 160 millones. El partido liderado por Rosa Díez acusa de un delito de estafa agravada, administración desleal y otro de estafa a inversores a cuatro ex directivos de la caja castellano leonesa, entre ellos el exdirector de Infraestructura Juan Marcos Marín, personaje clave en una de esas operaciones: la adquisición de un local en un edifico singular ubicado en la plaza del Ayuntamiento de Valencia que supuestamente ocasionó a la entidad un quebranto de 15 millones.

La querella, a la que ha tenido acceso este diario, detalla que la compra del edificio implicó para Caja Duero un coste total de 22,9 millones, que es la cifra que surge de sumar los 20,8 millones de la adquisición propiamente dicha (18 millones más el IVA) y los 2,1 millones (1,8 millones más el IVA) por la reforma que la entidad financiera tuvo que realizar en el citado local, donde reubicó las seis oficinas que por aquel entonces, en junio de 2007, tenía repartidas por la ciudad de Valencia. Las pérdidas de 14,7 millones, según UPyD, se produjeron por la diferencia entre el precio de compra del edificio y su valor real (8,2 millones) más el importe de la reforma. La querella afirma que Marcos remitió a la entidad el 11 de junio de 2007 un informe justificando la compra por 18 millones en el que «omitió» que cuatro días antes la mercantil Tinsa había tasado el inmueble en 16,3 millones. En 2009, Tinsa había bajado el valor a 14 millones y en 2013, a los citados 8,2. UPyD también destaca que en la operación se pagaron «altas comisiones a intermediarios (Teresa Just Martínez, hija de la parte vendedora)», por 360.000 euros más 57.600 de IVA.

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