El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) podría haber ejercido «con mayor diligencia» sus funciones de control de los órganos de gobierno de la CAM y también podría haber solicitado más información -«y, al parecer, no lo hizo»- sobre la actividad de la caja dentro de sus competencias para velar «por la transparencia de las operaciones financieras y por la protección de la clientela». Así lo reconoce el Grupo Popular de las Cortes en el borrador de las conclusiones que mañana presentará para cerrar la comisión que durante tres años ha tratado de aclarar los motivos que llevaron a la quiebra a la entidad alicantina.
Una rara autocrítica que, eso sí, el redactor del documento, el diputado Vicente Betoret, matiza dejando claro que, en cualquier caso, la responsabilidad máxima de supervisar a la CAM correspondía al Banco de España. Al parecer, esta concesión tendría por objeto facilitar un acuerdo de mínimos con el resto de grupos, mucho más críticos con el papel que desempeñó el organismo autonómico, para conseguir unas conclusiones comunes o, al menos, reducir la dureza de los votos particulares.
Sea como fuere, se trata de la primera vez que los populares admiten una mínima responsabilidad del Consell en la debacle de la caja alicantina, de la que siempre han tratado de desvincularse a pesar de que la ley sí que atribuye al Gobierno autonómico funciones de supervisión de las cajas de ahorros, sobre todo en lo referente al proceso para elegir a los administradores de las entidades. De esta forma, se reconoce de forma implícita que no se realizó correctamente esta labor de vigilancia y de exigencia de responsabilidades.
En el borrador del PP también se destaca que, tras escuchar decenas de testimonios y analizar la numerosa documentación en su poder, «parece probable que pudiera haber irregularidades en las cuentas de los ejercicios 2009 y 2010» y que los consejeros y directivos crearon diversos sistemas para enriquecerse personalmente, a través de las dietas de las participadas o de la contratación de planes de pensiones millonarios, mientras realizaban una gestión temeraria en el negocio inmobiliario.
Al servicio del Consell
Mucho más duras son las conclusiones que han preparado los grupos de la oposición y que se aprobarán inicialmente mañana como votos particulares, aunque con la esperanza de llegar a una mínima declaración común antes del último pleno de la legislatura, el próximo 25 de marzo.El PSPV insistirá en la responsabilidad del Consell, más allá de la función del IVF, ya que considera que los consejeros y directivos de la CAM pusieron la entidad «al servicio de los diferentes presidentes de la Generalitat» para financiar proyectos.
