El Ministerio de Empleo ha remitido en las últimas horas a patronal y sindicatos un nuevo borrador de Real Decreto-Ley de reforma de la formación profesional en el que se endurece el régimen sancionador recogido en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para los casos de fraude en la impartición de cursos y, como novedad, amplía el abanico de supuestos de sanción muy grave que se harán públicos. Respecto a la financiación de los cursos, el nuevo borrador prevé la entrega por anticipado de fondos para formación con un límite máximo que «en ningún caso podrá superar el 25 %» del importe de la subvención concedida (en el anterior texto se habla de un tope del 50 %). El importe concedido se hará efectivo cuando finalice y se justifique la actividad formativa subvencionada.
El texto señala que la publicación de las sanciones se extenderá a situaciones de falseamiento de documentos o a la simulación de la impartición de cursos. Y vuelve a dejar a los agentes sociales fuera de la gestión económica y la impartición exclusiva de cursos, pero les da un papel protagonista en la planificación, programación y difusión de los programas. El sistema de formación para el empleo se financia con las cuotas que aportan empresas y trabajadores, con las dotaciones específicas establecidas en el presupuesto del SEPE, con fondos de las autonomías y de la Unión Europea.
Electivo de trabajadores por cuenta propia cotizará por formación, ya que hasta ahora no tenía acceso a la formación bonificada. Según ATA, esas cotizaciones son «bienvenidas» porque serían mínimas (un 0,1 % para los autónomos, y del 0,7 % para los autónomos con asalariados) y equiparan a este colectivo con los del Régimen General de la S. Social.
