La patronal valenciana CEV, a su manera, entró ayer en campaña electoral, la de los comicios autonómicos y municipales de finales de mayo. La organización presidida por Salvador Navarro hizo público un documento donde detalla las prioridades de los empresarios de cara al nuevo ciclo que se abrirá tras esas elecciones. El primero que conocerá en persona esas reivindicaciones será el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, quien se reune hoy con el comité ejecutivo de la CEV. El próximo martes el encuentro será con el secretario general del PSPV- PSOE, Ximo Puig. Después vendrán los máximos dirigentes de las principales formaciones políticas que concurren a los comicios, incluidos Podemos y Ciudadanos, sin representación parlamentaria hasta ahora pero con grandes expectativas de entrar con fuerza en las Corts.
El documento está conformado por once «prioridades», las más relevantes de las cuales ya fueron adelantadas por Navarro el mes pasado. Muchas de ellas forman parte de las históricas reivindicaciones del empresariado valenciano. La primera, sin duda, la puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación autonómica que «corrija» el déficit actual «teniendo en cuenta los costes asociados a los servicios prestados en cumplimiento de las transferencias, la población residente y flotante y la renta per cápita de nuestra región». Las infraestructuras, como el corredor mediterráneo o las destinadas a solucionar el déficit hídrico, ocupan el segundo puesto. La CEV demanda también apoyo a los sectores productivos. Sorprende en este caso que, además de reclamar políticas generales para impulsar la competitividad, la internacionalización o el mayor tamaño de las empresas, se haga una sola mención especifica: «Apoyo a la recuperación del sector de la construcción y subsectores auxiliares mediante el fomento de la reforma y rehabilitación de edificios».
Además de apostar por la implantación de empresas extranjeras «tractoras» y por la FP reglada y para el empleo, de reclamar incentivos a la inserción laboral, el estricto cumplimiento de la ley de morosidad y la lucha contra la economía sumergida, el documento insiste en exigir el impulso a la cooperación público-privada, es decir, la gestión privada de servicios públicos, para lo que la CEV pedirá la creación de un observatorio entre la administración y las empresas y sectores para maximizar la eficiencia de la misma. Asimismo, la patronal exige el fomento de instrumentos financieros propios, como alternativas no bancarias o el aumento del presupuesto destinado a la SGR.
