El Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) de la Comunitat Valenciana, fundación promovida por la Generalitat, la patronal y los sindicatos para dirimir conflictos laborales y evitar los juzgados, tiene un futuro incierto a la vista del elevado déficit en sus cuentas y los graves problemas de tesorería que atraviesa la entidad. El patronato de la Fundación TAL, reunido esta semana, «ha constatado el riesgo de continuidad dada la falta de liquidez actual», aseguraron ayer fuentes de la comisión ejecutiva de UGT-PV.
El Tribunal de Arbitraje Laboral cuenta con una plantilla fija de cinco personas „a los que hay que añadir los árbitros y mediadores laborales„ y cerró el ejercicio de 2014 con un déficit de 453.000 euros, lo que complica los gastos de funcionamiento del organismo constituido en el año 1997. Los recortes que impuso el Consell, que para 2015 destina un presupuesto de 650.000 euros aunque no se han hecho efectivos para la financiación de los gastos de funcionamiento, provocaron el desmantelamiento de la sede del TAL en Alicante, entre otros ajustes.
El TAL juega un papel relevante en las relaciones laborales y en el desarrollo de la negociación colectiva y supone una alternativa a la vía judicial. Según la central ugetista «soluciona de manera rápida, negociada y satisfactoria el conflicto laboral entre las empresas y trabajadores, garantizando siempre los principios de igualdad, audiencia, contradicción e imparcialidad entre las partes en conflicto».
De hecho, solo en el pasado 2014 el TAL ha mediado en un total de 332 conflictos entre los agentes económicos y sociales, de los que 82 eran procedimientos con convocatoria de huelga, 241 generados por interpretación y aplicación de normas, y nueve por el bloqueo en la negociación de temas diversos. Solo en 2014, la actividad mediadora del TAL contribuyó a la desconvocatoria de una veintena de huelgas en la autonomía. Eso supone un menor impacto socio laboral y económico por jornadas de trabajo perdidas.
Según la secretaria de acción sindical de UGT-PV, Marisa Baena, «la Generalitat tiene que actuar con carácter de urgencia para evitar que se ponga en riesgo la continuidad de este servicio público. Su desaparición „añade„ provocaría graves consecuencias para empresas y trabajadores que perjudicaría la paz laboral y la negociación entre las partes».
