El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) ha iniciado un procedimiento de inspección en los puertos españoles tras las inversiones de 900 millones de euros „procedentes del fondo de Cohesión y del Feder„ que varios recintos de transporte de mercancías han logrado durante estos últimos años para financiar obras de ampliación. El expediente que ha puesto en marcha el organismo comunitario encargado de fiscalizar los presupuestos de Bruselas ha comenzado recientemente y se prolongará hasta el próximo mes de julio, según el Ministerio de Fomento.
Las revisiones en la aplicación de los fondos de la UE que realizará el Tribunal de Cuentas Europeo son «auditorías habituales», aseguraron ayer a Levante-EMV fuentes de Puertos del Estado. Con todo, esta fiscalización se produce tras unos años de grandes inversiones en terminales e instalaciones marítimas en España, período de tiempo que no se justifica con el crecimiento del tráfico de mercancías logrado durante los años posteriores. De hecho, existen instalaciones desocupadas y sin amortizar por el estancamiento en el movimiento de contenedores tras la caída del comercio internacional.
El Tribunal de Cuentas de la UE realizó su anterior inspección en los puertos de titularidad estatal en el año 2010. Ahora, a través de un muestreo aleatorio de entidades que hayan recibido fondos Feder o Cohesión, analizará las cuentas de explotación de varias Autoridades Portuarias. En principio, han solicitado informes de Algeciras, Cartagena, Tenerife y Vigo). Además, los inspectores del citado ente europeo tienen previsto visitar emplazamientos gallegos como el de Ferrol y A Coruña, así como de otras autonomías, si bien todavía no ha concretado el plan final de inspección.
La construcción del dique de abrigo para la ampliación del puerto de Valencia, cuya inversión de 2011 millones de euros se cubrió a través del Fondo de Cohesión de la UE y con créditos que garantizó el Banco Europeo de Inversiones (BEI), ha sido una de las principales infraestructuras de los recintos españoles sostenidas con el dinero procedente de Bruselas. Esta obra concluyó en abril de 2012 y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) tiene ahora previsto buscar financiación público-privada para completar los muelles y terminales de contenedores y de cruceros.
La inspección del Tribunal de Cuentas coincide con el reciente fallo del Tribunal de Justicia de la UE que declara ilegal y contrario a la libre competencia el monopolio del servicio de la estiba en los puertos españoles.
