El expresidente del Banco de Valencia y Bancaja José Luis Olivas se ha desvinculado hoy de las operaciones realizadas con Grupo Salvador y ha añadido que tampoco le pareció "significativo" el "quebranto" de 303 millones que, según el Banco de España, pudieron causar después al Grupo BFA-Bankia.
Olivas ha declarado hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz como imputado por un delito de administración desleal por el desvío de fondos a sociedades del empresario Ramón Salvador, con el que pudo ocasionar un perjuicio de 120 millones.
Según han informado fuentes presentes en su declaración, el también expresidente de Bancaja ha explicado que nunca vio nada irregular en dichas operaciones porque el Consejo de Administración las aprobaba de forma genérica con muchas otras.
Olivas ha sido preguntado por el informe del Banco de España relativo a la revisión del Grupo Inmobiliario de BFA-Bankia de junio de 2013, en el que el supervisor advertía de que la inversión en la inmobiliaria del empresario alicantino Ramón Salvador, que ascendió a 369 millones, provocó al grupo financiero en sus cuentas a diciembre de 2012 un "quebranto" de 303 millones, el 82 % del total.
Pero el que fuera presidente de Bancaja ha contestado que estas cifras no le parecieron "muy significativas", apelando a que el deterioro de la situación económica afectó al sector bancario en general, con lo que las supuestas pérdidas sufridas fueron en realidad "depreciaciones".
Según la querella que interpuso el Banco de Valencia contra su antigua cúpula, que ejerce como acusación representada por el abogado designado por el FROB, Carlos Gómez-Jara, los exresponsables de la entidad pudieron provocar "un perjuicio mínimo de 120 millones de euros" gracias a diversas operaciones "de dudosa racionalidad económica" con el grupo inmobiliario de Ramón Salvador.
Dicho grupo tuvo un "trato inexplicablemente privilegiado" por parte del Banco de Valencia y de Bancaja mientras Olivas fue su presidente, fruto del cual, obtuvo entre 2007 y 2012 un importe total de 631 millones, "sangría económica que sólo se paralizó" con la intervención por parte del Banco de España.
Así, relataba que el empresario recibió hasta 2009 un total de 202 millones de euros a través de la sociedad H2018, creada "exclusivamente para resolver los graves problemas de solvencia" del empresario, pues su única actividad mercantil fue llevar a cabo transacciones con sociedades del grupo inmobiliario.
La sociedad, a cuyo frente estaba el propio Salvador, se convirtió, según la querella, en "un instrumento para proporcionar delictivamente financiación" a su grupo "simulándolo bajo la apariencia de compraventas de activos inmobiliarios que habían sido previamente sobrevalorados mediante tasaciones falsas".
En 2010 y 2011, además, H2018 continuó realizando nuevas operaciones de compras de activos a sociedades del grupo por un importe conjunto de 56,03 millones de euros, cuando el sector inmobiliario ya estaba "definitivamente paralizado", adquiriendo tres fincas a pesar de conocer el impacto económico desfavorable que habían tenido las operaciones anteriores.
Para la acusación, todo ello no podría haber sido posible sin la "tolerancia" de Olivas dada su condición de máximo responsable en ambas entidades, desde las que "controlaba y dominaba toda la operación en su conjunto y en cada uno de sus extremos".
Mientras, el exdirector general de Bancaja Aurelio Izquierdo fue el "máximo responsable de la operación", gracias a que el expresidente de Bancaja Habitat José Cortina "le tenía al tanto y puntualmente informado de sus actuaciones".
Por su parte, el exconsejero delegado Domingo Parra -también imputado como los dos anteriores- fue "la persona que, en última instancia, aprobó y autorizó toda la operación de traspaso de fondos".
El expresidente de la entidad valenciana está imputado también en el "caso Bankia", por el que se le impuso una fianza civil solidaria de 800 millones junto al expresidente de Bankia Rodrigo Rato, la propia entidad y otros dos exconsejeros.
Al margen de estos dos casos, la Fiscalía ha pedido para Olivas tres años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental cometidos en 2008 por el asesoramiento prestado por una empresa suya a una mercantil del empresario Vicente Cotino.
