El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, aprovechó las intervenciones de varios accionistas durante la junta de ayer en Valencia „muchas de ellas airadas y todas tendentes a reclamar la devolución de su maltrecha inversión„ para explicar la postura de los nuevos gestores de la entidad respecto a la actuación de sus antecesores en la salida a Bolsa del banco en julio de 2011, una operación por la que el juez instructor del caso en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha pedido una fianza solidaria al banco, su matriz y cuatro exdirectivos de 800 millones al dar carta de naturaleza a un informe pericial que determina que Bankia maquilló sus cuentas antes de debutar en el mercado.
Goirigolzarri, que sucedió a Rodrigo Rato en mayo de 2012 tras la intervención de Bankia, aseguró que la salida a Bolsa tuvo «un resultado muy negativo», pero «fue una operación muy regulada» y «correcta». Eran pasadas las tres de la tarde y esta afirmación no levantó ni una ceja en el auditorio, ni siquiºera entre quienes se habían pasado las horas previas reclamando su dinero perdido.
Goirigolzarri precisó que la salida a Bolsa «tenía riesgos, como decía el folleto de emisión» y como puso de manifiesto el descuento del 70 % en el precio de los títulos, y ese peligro se consumó ayudado por la caída que la economía española experimentó en el segundo semestre de 2011. Así que la operación tuvo enormes costes económicos para decenas de miles de inversores, pero fue «legal» y el consejo de Bankia, que «no puede tomar decisiones arbitrarias» que podrían afectar al patrimonio de los actuales accionistas y a los contribuyentes que pusieron el dinero que la salvó, no está «de acuerdo» con los citados informes periciales, contra los que ha recurrido.
Si los accionistas damnificados tuvieron su dosis de realidad, algunos preferentistas obstinados „o mejor dicho, sus abogados, que ayer volvieron a hacer presencia en masa„ recibieron una colleja. Además de afear la intervención de dos personas „a las que citó por su nombre„ por reclamar una supuesta inversión que, según dijo, no era real, Goirigolzarri lamentó que muchos damnificados siguieran los consejos de sus letrados y renunciaran al arbitraje en favor de la vía judicial. La fórmula establecida por el Estado para que los preferentistas engañados recuperaran su inversión se solventó el año pasado en cuatro meses. «Me apena que 715 personas» que pudieron recuperar su dinero a través del arbitraje sigan a la espera de una sentencia judicial por «no seguir nuestro consejo», dijo ayer.
Tras las votaciones, Goirigolzarri hizo una última intervención, para consumo interno, en la que vino a decir que, pese a los escándalos del pasado que dañan la imagen del banco, sus directivos solo miran hacia adelante: «Nosotros, a lo nuestro». Un propósito que se traduce en el anuncio inicial de que la entidad prevé «un sustancial incremento del beneficio en 2015», lo que se traducirá en un incremento del dividendo a repartir en 2016, aunque para adoptar esta última decisión «vamos a esperar unos meses». En 2014, las ganancias ascendieron a 747 millones, que habrían sido de 966 si no hubiera debido provisionar los costes de las demandas por la salida a Bolsa. La junta aprobó la reducción del importe nominal de las acciones en circulación de uno a 0,8 euros con el propósito de mejorar los niveles de reserva del banco. En respuesta a un accionista, Goirigolzarri aclaró que esta medida «no afecta al patrimonio» de los copropietarios de la entidad.
