España es el sexto país de los diecinueve del euro con el menor gasto público en relación a la riqueza nacional. Y, sin embargo, el año pasado arrojó el segundo mayor déficit fiscal de los 28 países de la Unión Europea (UE) -sólo inferior al de Chipre- y su deuda estatal es la décima más elevada y la decimocuarta que crece más rápido. Lo que explica que, con un gasto público tan bajo (sólo Eslovaquia, Irlanda, Estonia, Letonia y Lituania tienen estados más austeros), España esté a la cabeza de los descubiertos presupuestarios es la baja capacidad recaudatoria del sistema fiscal español. Y esto incluso cuando, como ha ocurrido en esta legislatura, los impuestos protagonizaron la mayor escalada en más de medio siglo.
Según la oficina estadística europea (Eurostat), de los diecinueve estados de la moneda común, quince recaudan más que España, que sólo supera es esta estadística a Letonia, Irlanda y Lituania. Esta enorme brecha se agudizó con la crisis. Pero ya existía durante la época de la bonanza económica internacional. El problema de España no es, como habitualmente se cree, que el estado ingresa mucho pero gasta demasiado más, sino que gasta poco (en términos comparados con el resto de Estados avanzados) pero recauda mucho menos que el resto.
Baja recaudación
Antes de la recesión, España ya recaudaba 4 puntos de PIB (40.000 millones) por debajo del promedio europeo. Con la crisis, ese diferencial se amplió a 7,4 puntos (74.000 millones) pese a que en todos los países cayeron los ingresos tributarios. Una de las causas por las que España recauda tradicionalmente menos que sus socios europeos es el exceso de economía sumergida (20% del PIB, según algunas estimaciones) y de fraude fiscal (sólo en el IRPF se calcula en 20.000 millones, según FEDEA). Ambos son rasgos comunes a todos los países meridionales y latinos, sólo superados por algunos del Este europeo.
Éste es el frente que tratan de atajar la Agencia Tributaria y los servicios de Inspección Fiscal en una búsqueda de actividades, rentas y patrimonios opacos al Fisco, y cuya evasión supone acrecentar las cargas que soporta el resto de los contribuyentes aunque todos se beneficien por igual de los servicios, las infraestructuras, las transferencias y las prestaciones públicas.
El drama español no es que la totalidad de los sujetos fiscales tributen poco sino que se recauda de forma insuficiente, de modo que la presión fiscal (recaudación en relación al PIB) es baja incluso cuando el esfuerzo fiscal de muchos de los ciudadanos es elevado.
Otra de las causas del dislate español es la elusión fiscal. Como consecuencia de las sucesivas reformas parciales realizadas desde la norma tributaria de Fuentes Quintana, la legislación impositiva acumula un amplio repertorio de desgravaciones, exenciones y bonificaciones, lo que, a juicio de muchos hacendistas -e incluso de distintas tendencias-, constituye una suerte de «queso de Gruyère» cuyos agujeros permiten eludir muchas cargas a los contribuyentes (y más cuanto más grandes) sin llegar a infringir la legalidad.
Ingeniería tributaria
La competencia fiscal entre los países y la capacidad de las grandes compañías para desarrollar mecanismos de ingeniería tributaria para declarar en los países de baja fiscalidad los beneficios obtenidos en economías como España supone una hemorragia de recursos adicional a tener en cuenta.
Y a todo esto se sumó la estrategia fiscal seguida por todos los Gobiernos españoles y no pocos autonómicos (sobre todo entre 1996 y 2008), consistente en una competencia electoral para bajar y suprimir figuras tributarias. El modelo se basaba en el principio de que, rebajando impuestos, se incentiva la economía y de que, estimulando el crecimiento del PIB, se acaba recaudando más.
El modelo funcionó porque las rebajas fiscales, sumadas a las caídas de los tipos de interés decididas por los bancos centrales y a la afluencia de una abundancia inaudita de crédito fácil y barato, generó en algunos países, caso de España, una inmensa «burbuja» inmobiliaria especulativa, que pasó a ser una fuente extraordinaria de ingresos para las administraciones públicas.
Cuando este modelo -sostenido en el endeudamiento excesivo del sector privado- quebró a causa de la asfixia que supuso para las economías muy apalancadas el colapso crediticio internacional del otoño de 2008, la «burbuja» se desplomó y España sufrió como consecuencia del hundimiento de un sector sobredimensionado la mayor caída de recaudación fiscal que haya padecido cualquier otro país avanzado: la merma súbita de ingresos fue de 70.000 millones, lo que equivale a 7 puntos de PIB.
Hoy, pese al enorme aumento de los desembolsos públicos a causa de la cobertura del desempleo (y España es el segundo país con más paro de la OCDE, también, en buena medida, a causa de la «burbuja» inmobiliaria especulativa), el gasto de las administraciones españolas equivale al 43,6% del Producto Interior Bruto (PIB) cuando la media de los 19 países de la eurozona es 4,5 puntos mayor: se sitúa en el 48,1%. En Finlandia llega al 58,7%. Y Francia, Bélgica, Austria e Italia también superan el listón del 50%.
Gasto público
Antes de los recortes de esta legislatura y de los de 2010, y con anterioridad incluso a la crisis, el gasto público español siempre se mantuvo entre 5 y 8 puntos de PIB por debajo del promedio de la eurozona. Y, sin embargo, con un gasto significativamente menor, el déficit público español (5,8% del PIB en 2014) sigue siendo el segundo mayor de la eurozona.
La causa (y éste es el problema apremiante de España) es que sólo Letonia, Irlanda y Lituania recaudan menos que nuestro país. Los ingresos públicos españoles suponen el 37,8% del PIB cuando la media de la eurozona recauda el 45,2%.
