29 de abril de 2015
29.04.2015
Sanción

Las cámaras pagarán la sanción a sus representantes en el consejo de la SGR

Las patronales confían en que el Banco de España reduzca o suprima las multas con las alegaciones

29.04.2015 | 04:15

Las cámaras de comercio de Valencia y Alicante han decidido asumir el coste de las sanciones que el Banco de España ha acordado imponer a sus representantes en la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana, a la que abrió un expediente por no alcanzar el ratio mínimo de solvencia durante los meses previos a la refinanciación de su deuda, en julio de 2013. A resultas del mismo, el supervisor ha impuesto una multa de 200.000 euros a la entidad avalista y sanciones de entre 43.000 a 100.000 a 37 exconsejeros.

La entidad alicantina aprobó el lunes hacer frente a los 85.000 euros correspondientes a Andrés Sevila y a los 70.000 de Vicente Farach. Por su parte, la Cámara de Valencia acordó el pasado noviembre que la entidad se haria cargo de los gastos derivados de demandas civiles contra representantes suyos en otros organismos. El primer beneficiado por esta decisión será su vicepresidente, Vicente Lafuente, a quien el Banco de España pide una multa de 43.000 euros.

Las patronales provinciales tenían un número mucho mayor de vocales en la SGR designados por ellas. El ejemplo de la de Valencia CEV es emblemático, con siete personas, incluido su presidente Salvador Navarro (85.000 euros), su exsecretario general, Enrique Soto (85.000), su exvicepresidente Juan Eloy Durá (85.000) y los vocales Isabel Cosme (75.000), José Blasco (70.000), Enrique Ruiz (70.000) y Salvador Ferrer (70.000).

Por la CEC castellonense están, entre otros, su presidente y exmáximo responsable de la SGR, José Roca (100.000) y su secretario general, Rafael Montero (95.000). Por último, la alicantina Coepa tenía como representantes, entre otros, al secretario general de la autónómica Cierval, Javier López Mora (85.000) y a Antonio Alonso (70.000) y Antonio Medina (85.000).

Desde Coepa aseguraron ayer que analizarán la posibilidad de hacerse cargo de esos pagos, mientras que desde la CEV se afirmó que esta cuestión no se ha valorado en este momento porque la organización está a la espera de las alegaciones que presentarán los afectados y confiados en que el Banco de España, por sí mismo o por presión política, reduzca o suprima las multas.

En caso contrario y dadas las dificultades que atraviesan estas patronales, sobre todo las de Castelló y Alicante, parece difícil que puedan asumir ese coste, que en el caso de la de Valencia asciende a 540.000 euros. Como decía una fuente empresarial consultada ayer, «las cámaras pueden hacerlo porque se nutren del dinero de todos» y cuentan con reservas suficientes.

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