Una de cada tres empresas españolas ha sufrido impagos significativos en los últimos doce meses. Esta es una de las principales conclusiones del «Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España» elaborado por el Observatorio de Cash Management que impulsan Crédito y Caución, Iberinform y el IE Business School.

Los niveles de impacto de la morosidad en la actividad económica son sensiblemente superiores a los que soportaba el tejido empresarial antes de la crisis, aunque se encuentran ya lejos del máximo histórico alcanzado en este estudio en 2012, cuando dos de cada tres empresas sufría impagos significativos, tras tres ejercicios de saneamiento de las carteras de clientes, según un comunicado de Crédito y Caución, una compañía especializada en asegurar el crédito a las empresas ante posibles impagos en sus operaciones comerciales.

Esta evolución, sin embargo, podría dar un giro en 2015, en un entorno empresarial focalizado en la búsqueda de nuevos clientes nacionales e internacionales pese a las dificultades de acceso a la financiación bancaria. «En un contexto en el que las empresas centran sus esfuerzos en volver a crecer corremos el riesgo de olvidar las lecciones del pasado», asegura el informe.

El 98 % de las empresas vende a crédito a otras empresas. La compleja y tupida red de relaciones comerciales que generan estos intercambios multiplica la viralidad de la transmisión de los problemas de morosidad e insolvencia entre empresas. El estudio sitúa en cerca de 65.000 firmas el tejido empresarial en riesgo extremo de supervivencia, ya que soporta tasas de impago superiores al 10 %.

El comportamiento en pagos de la Administración con las empresas también forma parte del problema: la mitad de las empresas que trabaja para el sector público no percibe ninguna mejora en sus plazos de cobro y todavía el 9 % soporta tasas de impago que suponen un riesgo extremo para su supervivencia. De acuerdo con el Estudio, el 56 % del tejido empresarial trabajó en 2014 con plazos de cobro superiores a los 60 días que trató de impulsar la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad. Lo que es más significativo: de cara a 2015, sin fuentes alternativas de liquidez, el tejido empresarial no prevé ninguna mejoría de estos plazos. La principal razón esgrimida para explicar este incumplimiento entre empresas es la falta de disponibilidad de fondos.