La gestión de los programas de formación profesional para desempleados de la Comunitat Valenciana con cargo a los presupuestos de la Generalitat de 2015 „cuya partida se aproxima a los 30 millones de euros a través de entidades colaboradoras„ está sufriendo un considerable atasco en la conselleria de Economía. Hasta la fecha, pese a la publicación de la orden en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) el pasado mes de febrero, todavía no se ha adjudicado ningún curso de formación demandado por los agentes sociales (patronales y sindicatos), así como centros colaboradores de la administración autonómica durante este ejercicio.
En pleno proceso de relevo del Ejecutivo autonómico tras las elecciones del 24-M y en vísperas del verano, período en el que los centros de formación tienen más dificultadas para organizar cursos para desocupados, la acumulación de solicitudes sin el visto bueno de los funcionarios desborda los despachos de la conselleria.
Mientras los sindicatos UGT y CC OO consideran «inadmisible y perjudicial para los más de medio millón de parados valencianos», fuentes de la conselleria de Economía aseguraron ayer a Levante-EMV que «en junio» podrían comenzar a adjudicarse los primeros cursos correspondientes a este ejercicio.
También la gestión de las ayudas de la Generalitat para formación continua de 2015 „la que se imparte a trabajadores ocupados„ está sufriendo un considerable retraso durante este año. De hecho, ni siquiera se ha publicado la orden de la conselleria que regulará este tipo de subvenciones, que proceden de transferencias del Servicio Estatal Público de Empleo y que proceden de las cotizaciones que aportan empresas y trabajadores. En total, esta partida cuenta con un presupuesto de unos 9 millones de euros en ayudas para la C. Valenciana.
Una de las causas que contribuye al colapso de la administración valenciana ha sido el cambio de modelo que introdujo el Real Decreto Ley 4/2015, de 22 de marzo, sobre la reforma urgente del sistema de Formación Profesional para el Empleo. Esta reforma garantizará a partir de ahora la libre concurrencia a todas las organizaciones, instituciones o empresas, lo que aumentará la demanda de cursos respecto a las ediciones anteriores. Hasta ahora han sido gestionados sobre todo por las patronales y sindicatos mayoritarios.
A la espera de que se publique la citada orden para regular la formación continua de 2015, las centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras ya han tomado cartas en el asunto y han exigido a la conselleria de Economía que clarifique el reparto de los fondos en los programas destinados a mejorar la cualificación de los trabajadores en activo. La administración autonómica, según las fuentes consultadas por este diario, tiene previsto recortar „a través de modificaciones presupuestarias„ un 50 % el presupuesto de 9 millones de euros de la formación continua para destinarlo a «otras» partidas.
Formación bonificada
Por otro lado, la llamada formación de demanda „que contratan las empresas y obtienen bonificaciones en sus cuotas a la Seguridad Social„ también está sufriendo retrasos en algunos casos debido a los cambios que ha introducido el citado Real Decreto del Gobierno, cuyo reglamento todavía no se ha publicado. Varias empresas que quieren hacer cursos a través de firmas externas no lo pueden realizar por falta de homologación.
