La Fiscalía Anticorrupción investiga un presunto fraude de subvenciones públicas en el Instituto Tecnológico de la Óptica y la Imagen (Aido) y ha puesto en revisión 28 millones de euros en ayudas públicas. Agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) registraron ayer durante casi cinco horas la sede del centro en el Parque Tecnológico de Paterna y se llevaron detenido dentro de un vehículo camuflado a su director Emilio Pérez. Tras pasar la noche en comisaría, está previsto que el directivo declare hoy ante un juzgado de la misma localidad imputado por el presunto fraude y también por estafa.
La investigación tiene su origen en una denuncia presentada en noviembre de año pasado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) por presuntas irregularidades en la justificación de ayudas por importe de un millón de euros. En concreto, la entidad que dirige Joaquín Ríos ponía en duda la gestión de un convenio marco firmado en 2013 por importe de 1,7 millones de euros procedentes de fondos europeos (Feder) para el desarrollo de proyectos de I+D+i.
Sin embargo, fuentes conocedoras de la investigación sostienen que Anticorrupción ha ido bastante mas allá en sus pesquisas. Está revisando con lupa la gestión de los fondos de Aido desde el año 2005 y ha puesto en cuestión el destino de hasta 28 millones de euros. Como muchos otros institutos tecnológicos, Aido tiene en las ayudas y subvenciones públicas una fuente importante de sus ingresos.
Como entidad sin ánimo de lucro, la figura del director gerente es clave en la gestión del centro. Emilio Pérez, un ingeniero industrial formado en la Universidad Politécnica de Valencia, lleva en el cargo desde 1999. De ahí que Anticorrupción haya focalizado en su figura las investigaciones, aunque es muy probable que haya más imputados en la causa.
Pérez estuvo ayer al lado de los agentes durante un registro que duró casi cinco horas. Sobre las tres de la tarde, la policía abandonó el edificio y se llevó detenido en un coche al directivo. Los agentes y personal de la empresa trataron de despistar a los numerosos medios de comunicación presentes con varias maniobras de vehículos con el objetivo de evitar a los reporteros gráficos. Los agentes se incautaron de diversa documentación que sacaron en cajas.
Hasta cinco años de cárcel
El delito del fraude en subvenciones está penado con hasta cinco años de cárcel y se describe como el incumplimiento de una actividad subvencionada con fondos de las Administraciones públicas cuyo importe supere los 120.000 euros alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida, falseando las condiciones para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido.
De hecho, la investigación no se centra tanto en el patrimonio de Emilio Pérez (ayer no hubo registro en su casa, según fuentes de la investigación) como en el uso que el gerente de Aido ha hecho de los fondos recibidos teóricamente de las Administraciones Públicas en los últimos diez años para acometer proyectos de I+D+i. Hay que recordar que Aido, como muchos otros institutos tecnológicos, atraviesa por una situación financiera muy delicada como consecuencia del retraso en los pagos de la Generalitat. El sumario, en cualquier caso, ha sido declarado secreto.
La entrada de los agentes de policía en las dependencias de Aido y los diversos registros realizados sorprendieron al personal del centro, que en todo momento colaboró con los agentes de la UDEF.
