El juez de la Audiencia Nacional, Juan Pablo González, instructor de la denominada operación Coral, dejó ayer en libertad al expresidente de la Generalitat, de Bancaja y del Banco de Valencia, José Luis Olivas, si bien tendrá que comparecer cada quince días en su Juzgado, el central de instrucción número tres. El magistrado adoptó idéntica resolución respecto de Julián Dolz, actual directivo de Bankia. El exconsejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, por su parte, tendrá que comparecer en el citado juzgado cada mes. Los más perjudicados tras comparecer ayer ante González fueron el exdirector general de Bancaja y expresidente del Banco de Valencia, Aurelio Izquierdo, y el exdirector general adjunto de la entidad de ahorros, José Cortina, a quienes impuso la prisión eludible bajo una fianza de 500.000 euros, y los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó, para quienes decretó prisión incondicional.

En su declaración ante el juez, Olivas reiteró la versión dada en anteriores comparecencias ante la justicia afirmando que no tenía poder ejecutivo en las entidades financieras que presidía y que solo ratificaba los créditos que aprobaban los directivos. Según explicó al magistrado, tal y como cuenta la Ser, el expresidente de Bancaja tenía un sueldo muy bajo, de unos 16.000 euros al año y que ahora se encuentra desempleado. Fue entonces cuando se le preguntó cómo con un salario tan modesto podía tener tantas obras de arte en su vivienda. El que fuera jefe del Consell argumentó que gran parte de las pinturas eran "regalos de Bancaja" que se encargaban a un pintor valenciano con un coste "entre 4.000 y 5.000 euros". Además, Olivas justificó los viajes a Cuba en jet privado como "negocios" para "ampliar mercados en cuanto cambiara el régimen" en la isla.

Los empresarios y los exdirectivos del grupo Bancaja fueron detenidos el pasado lunes en Valencia y Madrid en una operación desarrollada por la Guardia Civil que incluyó el registro de varios domicilios y del lugar de trabajo de Dolz en Bankia. Los siete „Rafael Codoñer y Manuel Setién, también exempleados de la caja, fueron arrestados pero dejados en libertad el pasado lunes„ estaban acusados de una larga lista de supuestos delitos „ apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental„ por la financiación de un proyecto inmobiliario en el Caribe mexicano que provocó un quebranto a Bankia, heredera de la caja de ahorros, de 222 millones de euros. Según un comunicado de la Guardia Civil, al menos 115 millones fueron desviados a Andorra y Suiza «mediante una elaborada ingeniería financiera y la interposición de sociedades instrumentales». Todos ellos pasaron dos días enteros en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, a excepción de Ferri y Baldó, que estaban en Madrid. Ayer, los exdirectivos de Bancaja fueron conducidos a la Audiencia Nacional, donde prestaron declaración ante el juez González durante toda la jornada. De hecho, la resolución del magistrado no se conoció hasta pasadas las once de la noche. Con semblante visiblemente cansado, y tras más de doce horas de interrogatorios, Olivas abandonó al filo de las 23:20 horas la sede de la Audiencia Nacional, donde le aguardaba un taxi a la puerta en el que se subió con sus dos abogados.

La operación Coral es el último fruto de la denuncia que los nuevos gestores de Bankia presentaron tras la intervención de la entidad. Fue en 2014 cuando se inició la investigación. En la citada denuncia se informaba de irregularidades en la concesión de varios préstamos al Grupo Grand Coral para la inversión inmobiliaria en el Caribe, «eludiendo los procedimientos de control interno de las entidades financieras». Este grupo fue creado por Ferri y Baldó con la participación societaria de las propias entidades que financiaban las operaciones. Tras analizar la información, «se apreció el trato de favor dispensado por las entidades al citado grupo que, una vez recibida la correspondiente financiación para los diferentes proyectos, desvió», como ha quedado dicho, más de 115 millones a Andorra y Suiza. Los préstamos financieros «superaron ampliamente» los 444 millones y «supusieron para las entidades señaladas un fraude» de 220 millones.