La sala segunda de la Audiencia Provincia de Valencia acogió ayer la vista de un juicio cuyo contenido bien podría resumir muchas de las claves y algunos de los protagonistas de la etapa de burbuja inmobiliaria en la Comunitat Valenciana. Ante el tribunal comparecieron como acusados por un delito de estafa los propietarios de Llanera, Fernando Gallego, padre, y Fernando Gallego, hijo, a raíz de una querella presentada por el exnotario Carlos Pascual por la que reclama una pena de cuatro años de cárcel y una indemnización de 33 millones de euros. El fiscal, por contra, considera que no está probado el engaño y solicitó ayer la absolución de los procesados.
Los hechos se remontan a marzo de 2007 cuando Llanera vendió a Faverch Desarrollo, una sociedad compartida por el exnotario valenciano Carlos Pascual y el empresario Fernando Polanco, el 6,15 % de un grupo de parcelas al oeste de Valencia, en lo que se conoce como la Reva, una extensión de 600 hectáreas entre los términos municipales de Chiva, Riba-roja y Alaquàs. El proyecto urbanístico tras una posible recalificación era construir 80.000 viviendas y tres campos de golf. Pascual y Polanco pagaron 33 millones por su porcentaje de suelo, pero instaron a los Gallego incluir una opción de recompra de 46 millones o en su defecto la opción de desembolsar 13 millones como rebaja del precio con un plazo de vencimiento de diciembre del mismo año. Además, como garantía, exigieron a Llanera una promesa de hipoteca por otras fincas y propiedades.
El mismo día que se firmó la venta a Faverch por 33 millones, Llanera compró esos terrenos a la inmobiliaria de Bancaja, Actura, por 19,5 millones en virtud de otra opción de recompra de un operación anterior por 9,2 millones de 2006. Es decir, en apenas un año y sin haber modificado su calificación urbanística como suelo rústico, las parcelas habían triplicado su valor y la expectativa en otros nueves meses era elevarlo en otro casi 40 %.
Para financiar su compra, Pascual y Polanco recibieron la financiación del Banco de Valencia, que entonces dirigía Domingo Parra, y aportaron como garantía la citada promesa de hipoteca.
Sin embargo esa hipoteca no llegó a constituirse. Dos meses después, Llanera decidió hipotecar las fincas en favor de Lehman Brothers, quien a su vez había prestado a los Gallego los 180 millones de euros necesarios para costear la compra de la Reva al grupo Suez. Además traspasó a una empresa gallega parte de los terrenos puestos en garantía. En octubre, ante la imposibilidad de afrontar los vencimientos con Lehman, la inmobiliaria solicitó concurso de acreedores y no pudo ejecutarse la recompra. Vicente Grima, abogado de Pascual, aseguró ayer en el juicio presidido por José María Tomás Tio, que los Gallego «engañaron» a Pascual y Polanco porque tenían comprometidos las fincas y terrenos a hipotecar con terceras compañías, lo que les provocó un perjuicio al no ejecutarse la recompra.
Por contra, tanto Fernando Gallego hijo (el padre apenas quiso hacer comentarios en el juicio) como su defensa aseguraron que Pascual conocía la incapacidad de Llanera para hipotecar esos bienes. «Pascual conocía que no podíamos hipotecar. Sabía que estábamos en una situación complicada y cambió las condiciones en el último día. No tuvimos más opción que firmar. Lo que hicimos fue darle una patada al balón», indicó. Según la tesis de la defensa, el exnotario y su socio diseñaron una operación de «préstamo encubierto» con dinero del Banco de Valencia aprovechando las dificultades de Llanera para obtener una plusvalía con la recompra.
El exnotario y el empresario no pudieron rebatir las afirmaciones porque la acusación no los citó a testificar y la defensa y el fiscal retiraron su petición de que lo hicieran.
