La sucursal española del banco HSBC pagará a la Seguridad Social 2,7 millones de euros aproximadamente por gestionar el pago de las pensiones a los jubilados que viven en el extranjero durante los próximos cinco años, según confirmaron ayer fuentes del organismo público. El pasado mes de abril, la Seguridad Social adjudicó a la entidad financiera el contrato de gestión del pago de estas pensiones durante los próximos cinco años, en sustitución del Banco Popular, a cambio de pagar 11,5 millones de euros por el servicio.

Sin embargo, según indica la Seguridad Social en respuesta al exdiputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Gaspar Llamazares, «en ningún caso el coste por la prestación principal ascenderá a esa cantidad, sino que quedará reducida a 8,8 millones de euros para el total del periodo».

Esto es así porque el organismo prevé ingresar 2,7 millones de euros a lo largo de los cinco años de contrato gracias a una condición incluida por el HSBC en la oferta que presentó a la licitación, que consiste en pagar una comisión a la Seguridad Social por cada pensión abonada, al contrario de lo que sucede habitualmente, que es que las entidades financieras cobren una comisión por operación.

Además, el departamento que dirige Fátima Báñez asegura que todo el procedimiento de contratación del HSBC se ha realizado de acuerdo con la normativa y «respetando en todo momento los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia».

En este sentido, recuerdan que una adjudicación sólo puede invalidarse si se dan las causas de nulidad o anulabilidad previstas en la Ley de Contratos del Sector Público, tales como carecer de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional, entre otras. Unas condiciones que, sin embargo, fueron comprobadas por el órgano de contratación antes de aprobar la resolución de la adjudicación. Y dado que no se puede declarar desierta una licitación si existe alguna oferta admisible según las condiciones del pliego y que HSBC presentó la oferta «económicamente más ventajosa» y no tiene ninguna prohibición para contratar con las administraciones, la adjudicación debe mantenerse.