La nueva conselleria de Vivienda, María José Salvador, anunció ayer su intención de iniciar negociaciones con el presidente de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), Jaime Echegoyen, para la cesión de viviendas a la Generalitat destinadas al alquiler social. El anuncio se produce después de que el también conocido como «banco malo» y el anterior Ejecutivo autonómico de Alberto Fabra congelasen un primer convenio.
La razón del bloqueo es que el Consell se negaba a aceptar dentro del paquete de pisos cedidos inmuebles ya ocupados por inquilinos que no están al corrientes de pago. La entonces titular de Infraestructuras, Isabel Bonig, argumentó que la Generalitat ya lidia con sus propios morosos y con familias con problemas de pago en las viviendas que gestiona.
Tras la derrota de los populares y el acceso del bipartito del PSPV y Compromís al Gobierno autonómico, la Sareb ha tratado de retomar las negociaciones. Salvador y Echegoyen coincidieron brevemente en una jornada de trabajo organizada por la Federación de Promotores de la Comunitat Valenciana (Feprova). La consellera señaló que «en breve» se reunirán de nuevo para «visibilizar» qué viviendas son las que tiene la Sareb disponibles. Hasta ahora el perfil de los pisos que la sociedad de gestión pone en manos de las Administraciones autonómicas se corresponde con lo que se denomina «inmuebles atomizados». Son viviendas aisladas, que no se integran en una única promoción y cuya comercialización resulta complicada porque han perdido valor.
El director de comunicación de Sareb, Francisco González, señaló a Efe que la entidad tiene 2.000 viviendas para ceder temporalmente a las autonomías, de las que ya ha comprometido 1.150 en virtud de convenios con Cataluña, Aragón o Galicia. La Sareb no pone cifras en el caso valenciano, pero superaría ampliamente los 200 pisos.
Los acuerdos prevén la cesión temporal de los inmuebles durante cuatro o cinco años para que se pueda hacer un uso social de ellos mediante alquileres blandos. El banco malo percibe a cambio del gobierno regional de turno entre 74 y 125 euros para atender pago de impuestos (IBI y tasas municipales) y gastos de comunidad de propietarios.
Por su parte, si la Generalitat acepta gestionar estos pisos los integraría en su red de servicios sociales y decidiría si cobra o no alquiler por ellos y la cuantía del mismo. En caso de recibir viviendas con familias morosas dentro tendría que encargarse también de gestionar el cobro de las cantidades pendientes o de negociar un nuevo marco contractual con los inquilinos.
