La Conselleria de Economía que dirige Rafael Climent no es partidaria de que Feria Valencia acabe parcialmente privatizada y va a defender que la entidad se gestione desde el ámbito público con el propósito preferente de que se convierta en una plataforma de expansión de los sectores económicos autóctonos. Las fuentes consultadas por este diario, sin embargo, precisaron que la decisión no es definitiva en estos momentos. En primer lugar, este departamento de la Generalitat, que es al que corresponde la tutela de la institución, está a la espera de recibir „se prevé que en breve„ el informe que los servicios jurídicos de la administración autonómica están ultimando sobre la propuesta de reforma de los estatutos de Feria Valencia. Sea cual sea su resultado, la conselleria de Economía tiene previsto consensuar el modelo futuro de la institución con el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó. Este último, al igual que Climent, pertenece a Compromís, el socio de gobierno del PSPV.
Feria Valencia llegó a un acuerdo con la Generalitat y el ayuntamiento de la ciudad, gobernados ambos por el PP hasta las pasadas elecciones autonómicas, por el que la institución se convertía en una empresa pública con mayoría en el capital de la Generalitat, que es la que se hace cargo del pago de la multimillonaria deuda contraída por la entidad a causa de sus obras de ampliación. Para contentar a la entonces alcaldesa Rita Barberá „un cargo que conlleva, con los actuales estatutos en la mano, la presidencia del patronato de Feria Valencia„ se acordó que el consistorio mantendría la propiedad de los inmuebles y la concesión.
Hasta aquí, ningún problema para el actual inquilino de la conselleria de Economía. El problema estriba en la segunda parte del nuevo diseño ferial, dado que comporta la privatización de la gestión. El objetivo es constituir una empresa, con participación minoritaria de Feria Valencia, en la que se daría entrada a un operador del sector para que aporte negocio al alicaído rumbo de la entidad, la complemente y genere más actividad. Esta mercantil debería abonar todos los años, con los beneficios que obtenga, un canon a la Generalitat para contribuir al pago de la deuda.
Este modelo está inspirado en que aplicó en su día la Fira de Barcelona, que constituyó dos empresas, una de ellas dedicada a la gestión comercial, para lograr mayor flexibilidad. La diferencia con el diseño valenciano es que en la capital catalana las dos empresas son de titularidad pública.
La reforma de los estatutos de Feria Valencia se gestó tras una larga negociación de año y medio, que se vio obstaculizada por la apertura de una investigación por parte de la fiscalía por los sobrecostes generados por las obras de ampliación. Paralelamente a las conversaciones con el PP, el presidente de la institución, José Vicente González, mantuvo encuentros con dirigentes de los entonces partidos en la oposición, entre ellos el PSPV y Compromís, que en su momento no plantearon obstáculos al rediseño, según fuentes de la entidad. Pero, como admitió el también presidente de la patronal autonómica Cierval en una entrevista con este diario el pasado domingo, con el cambio de dirigentes en el Consell «puede darse cualquier cosa», en el sentido de que es factible que se modifique el pacto inicial en algunas cuestiones. La institución calcula que, si recibe el visto bueno a los nuevos estatutos, a la vuelta del verano podría tenerlos aprobados, con lo que se convertiría definitivamente en una empresa pública. Lo de la gestora privada es otro cantar, en especial si Climent impone sus tesis en el Consell.
