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Investigación

La policía investiga las ayudas para formación del Servef al instituto Aido

La UDEF ha pedido a Economia la documentación de las subvenciones entre 2008 y 2015 concedidas al centro tecnológico de óptica y a tres entidades vinculadas a los productores audiovisuales por un importe cercano a los 1,8 millones de euros

Un policía, el pasado mes de junio, durante el registro de la sede a Aido. g. caballero

Agentes de la Unidad de Delicuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía se personaron el pasado 13 de julio en la sede del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) para reclamar documentación sobre la investigación que instruye el juzgado número 2 de Paterna por las ayudas para cursos de formación concedidos por ese organismo dependiente de la conselleria de Economía a la Asociación Industrial de Óptica, Color e Imagen, es decir, el instituto tecnológico Aido, según confirmaron ayer a este diario fuentes próximas a la investigación. La operación se inició tras la denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial de Valencia el 27 de septiembre de 2014 por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), también adscrito a Economía. El 3 de diciembre, la fiscalía abrió diligencias de investigación, en cuyo marco el pasado 4 de junio la policía registró durante cinco horas la sede de Aido y detuvo temporalmente al director del instituto, Emilio Pérez, quien dejó el cargo al día siguiente.

La UDEF pidió al Servef el detalle de las subvenciones, tanto con fondos de la Generalitat como europeos, concedidos entre 2008 y 2015 a Aido, a Empreses Audiovisuals Valencianes Federades (EAVF) —patronal autonómica de los productores del sector—, a Productors Audiovisuals Valencians (PAV) —patronal provincial— y al Centro para la Dinamización del Audiovisual Valenciano (CEDAV), una entidad vinculada a Aido y EAVF y cuya misión, entre otras, es vertebrar «las líneas de apoyo en materia de I+D+i del sector audiovisual». La respuesta del Servef el día 16 fue que no le consta que CEDAV haya recibido subvenciones y que las ayudas percibidas por las otras tres ascienden a 1.777.705 euros, de los cuales 545. 566 euros corresponden a EAVF, 15.000, a PAV y 1.217.139, a Aido.

El informe en manos de la Fiscalía, remitido por el Ivace, al que ha tenido acceso este diario, detallaba irregularidades en la gestión de esos fondos susceptibles de «constituir ilícitos penales o de cualquier otro orden», además de constatar «la existencia de causas que dan lugar al inicio de expedientes de minoración y revocación de las ayudas concedidas durante el ejercicio 2013». El documento señala, en líneas generales, que «las incidencias encontradas están en su mayoría relacionadas con la imputación de servicios externos que se consideran no subvencionables (o no elegibles) bien porque se considera que no se han realizado o que su realización no se corresponde con un trabajo de consultoría al tratarse de servicios de documentación e información que son fácilmente obtenibles de internet o de otras fuentes; bien porque no aportan valor añadido habida cuenta que al beneficiario se le presupone una competencia y cualificación inequívoca por su consideración de centro tecnológico».

Además, el Ivace denunció ante la fiscalía que «algunos servicios presentan importes cercanos a los límites que implican obligatoriedad de presentar informes (5.000 euros) o tres ofertas (18.000 euros), de manera que con ello podría estar eludiéndose un mayor control por parte del Ivace». Asimismo, «algunos servicios son facturados a la finalización del proyecto, a pesar de su carácter preparatorio o preliminar para el desarrollo del mismo. Así, del total de costes directos imputados por Aido en los proyectos justificados, 882.227,29 euros, aproximadamente el 70 % han sido facturados en el mes de diciembre».

El informe expone con todo tipo de detalles diferentes «incidencias encontradas». Una de ellas es la imputación de servicios a los proveedores de Aido «que se corresponden con trabajos de mera transcripción o plagio de otros anteriores o de información de acceso público en internet». Había varios servicios, alguno por casi 40.000 euros, «cuya necesidad no se justifica», y otros «para los que no se tiene la garantía de que hayan sido realizados por el proveedor». En este último caso, se deja entrever que algunos de esos trabajos facturados a una empresa externa —una mayoría de las cuales era cliente del instituto— en realidad los había realizado el propio Aido. Por último, el Ivace detectó la «imputación de horas de personal para las que se considera que no hay actividad real».

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