La política proteccionista sostenida por la Generalitat de Cataluña ha jugado un papel decisivo en la configuración del sector del comercio en su territorio. Las propuestas liberalizadoras que propugnan las grandes superficies de la distribución (superiores a 2.500 metros cuadrados), a pesar de sentencias favorables del Tribunal Constitucional, del Gobierno central y de la propia UE, no se han podido implantar en Cataluña. Esas limitaciones no afectan a los supermercados. Esta administración autonómica tenía previsto aplicar un impuesto a hipermercados y centros comerciales y suprimir exenciones tributarias. El gobierno de Mas impulsó una gran pacto social y sectorial para salvar su política en materia de aperturas del comercio en jornadas festivas. Eso queda ahora pendiente de las elecciones del 27-S. j. l. z. valencia
