La Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana tuvo quien le pagara la fiesta, más bien la borrachera de avales al sector inmobiliario, que estuvo a punto de enviarla al cementerio. Lo hizo la Generalitat, que acabó comprometiendo 400 millones para salvarla. Pero, a diferencia de lo que hizo el fondo público FROB con las operaciones ilegales detectadas en el Banco de Valencia o Bankia, que costaron una fortuna al contribuyente y fueron llevadas a la fiscalía, la administración autonómica de entonces, gobernada por el PP, no indagó en las irregularidades que condujeron a la SGR al borde de la quiebra, de tal forma que ninguno de sus gestores ha respondido por las mismas, más allá de la sanción colectiva impuesta por el Banco de España por haber permitido que la entidad no cumpliera durante un tiempo los requisitos legales de solvencia.
La nueva administración valenciana, dirigida por el PSPV y Compromís, ha iniciado una investigación en profundidad de todos los avales concedidos por la SGR con el propósito de averiguar en qué condiciones se otorgaron, a quién, por qué y si hubo racionalidad económica. Lo anunció el pasado lunes en las Corts Valencianes el director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, quien ayer precisó a este diario que los avales «sospechosos» son aquellos cuyo importe supera los 625.000 euros, «una barbaridad» si tenemos en cuenta que la citada sociedad tiene como misión dar avales a pequeñas empresas. El escándalo es mayúculos si tenemos en cuenta que hubo avales, en su mayoría a firmas del sector de la construcción, que llegaron a los 12 millones.
Según Illueca, esas operaciones que han sido ejecutadas por incurrir en impago y que están siendo revisadas «una a una» ascienden en conjunto a 2.512, por un importe de 1.006 millones. Los «sospechosos», por superar los 625.000 euros, son 428, es decir, un 17 % del total, pero acaparan 575 millones, o sea el 57 % del dinero avalado. Se trata, además, de operaciones donde por cada euro prestado, medio ha acabado siendo fallido, es decir, el 50 %. El director general del IVF precisó al respecto que, ante el menor indicio delictivo, las operaciones correspondientes serán remitidas a la fiscalía. Además de comprobar si esos avales se concedieron a personas que estaban en el consejo, el instituto va a analizar si la banca daba o no créditos a los constructores beneficiarios.
