Cajamar ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a un máximo de 250 personas, en su inmensa mayoría de Valencia y Castelló, según fuentes de la cooperativa de crédito. El sindicato UGT-PV, en un comunicado hecho público ayer, aseguraba que el número de implicados se eleva hasta los 295. No obstante, fuentes de la entidad consultadas por este diario explicaron que el ERE se presentó el 15 de septiembre, que el período de consultas termina el 14 de octubre y que en la negociación con los sindicatos de estas semanas ya se ha bajado la cifra de afectados al citado máximo de 250.
En lo que ambas partes coinciden es en que el expediente es consecuencia de las absorciones que Cajamar llevó a cabo en la Comunitat Valenciana en los años más duros de la crisis. En esa etapa, se diluyeron en ella Caja Campo, Ruralcaja, Caja Castelló, Casinos y Crédit València. Además, dos decenas de cooperativas de crédito de la autonomía están integradas en el Grupo Cooperativo Cajamar y otras cinco, en el Banco de Crédito Cooperativo, capitaneado por la rural con sede en Almería. Fuentes oficiales de la caja aseguraron que en aquel entonces la entidad no quiso que el proceso fuera traumático, «pero ahora es preciso reordenar, porque hay lugares donde tenemos tres oficinas». Así las cosas, los excedentes de Valencia y Castelló, donde UGT cifra que la plantilla bajará en un 20 %, serán absorbidos por dos vías: bajas voluntarias incentivadas con un tope de 70.000 euros para los mayores de 50 años, de 52.200 para los que tengan entre 35 y 50 años y de 35.000 para los menores de 35, según UGT; y traslados a las autonomías donde la entidad tiene déficit de personal o está abriendo sucursales, como es el caso de Canarias, Navarra, Andalucía y Castilla-La Mancha. El sindicato rechaza esta oferta, porque considera que, en el caso de las bajas, la dirección solo ofrece lo que estipula la reforma laboral.
