El Instituto Tecnológico de la Óptica y la Imagen (Aido) cerró ayer sus puertas ahogado por la falta de liquidez y con casi toda su cúpula directiva imputada por suspuestas irregularidades en la justificación de ayudas. El rechazo del Instituto Valenciano para la Competitividad Empresarial (Ivace) de ampliar a 50 años la concesión de suelo público sobre los que se asienta uno de los edificios de óptica para que Aido obtuviera un crédito de dos millones ha precipitado la liquidación.
El consejo rector que preside Rafael Ros aprobó la semana pasada (con la ausencia de los representantes de la Generalitat a los que no se convocó) un ERE de extinción para toda la plantilla (55 personas). El director de Aido en los últimos 16 años, Emilio Pérez, fue despedido este verano con una indemnización de 70.000 euros. Pérez fue arrestado en junio por los delitos de estafa y fraude.
Rafael Ros, presidente de Aido y también imputado en la causa, insistió ayer en que la gestión del centro ha sido correcta y responsabilizó al Ivace del cierre del instituto tecnólogico. Ros explicó que cinco personas continuarán trabajando unos días para terminar una serie de compromisos, pero confirmó que desde ayer el instituto ya no está operativo.
Ros lamentó que el juez lo mantiene imputado a él y a otras dieciséis personas en la causa abierta por los supuestos delitos de estafa y fraude de subvenciones. Fuentes de Aido añadieron que el resto de imputados „además del director detenido en junio y de Ros„ son «la mayoría de los jefes de línea, el subdirector, dos consejeros y el anterior presidente».
La investigación judicial tiene su origen en una denuncia presentada por el Ivace por supuestas irregularidades en la justificación de ayudas por importe de un millón de euros. Rafael Ros, que incidió en que el no ha percibido ninguna remuneración en la entidad, aseguró que las cuentas son correctas. «Nos han auditado y no han encontrado ninguna irregularidad. Es una cuestión administrativa. Defiendo que no hay ninguna trama ni que nadie ha metido la mano». Los imputados desconocen con exactitud qué se está investigando porque las pesquisas permanecen bajo secreto.
