La Comunitat Valenciana es una de las cunas de la economía sumergida de España. 25.876 millones de los que se generan en la autonomía no están sujetos a impuestos, y lo que es peor, este descontrol genera verdaderas vulneraciones en los derechos de los trabajadores, que se traducen en contratos precarios o la ausencia de ellos o empleados que no cotizan a la Seguridad Social y cobran en negro. UGT está empeñada en que se acabe con esta lacra y así se lo ha traslado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig. La policía de la Generalitat dispone de una unidad especial para perseguir estas actuaciones y en la última semana se ha potenciado, con varias actuaciones en empresas de Alicante y los polígonos de Elx, según confirmó el propio Josep Maria Ángel, director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.
La economía sumergida representa el 26,5 % del PIB de la Comunitat Valenciana, según la agencia de calificación Fitch, la quinta autonomía en volumen de toda España. El secretario general de UGT, Gonzalo Pino, trasladó la necesidad de utilizar la policía autonómica para combatir esta lacra económica y social a la patronal y Puig en un encuentro nada más suceder las elecciones. Posteriormente y de manera formal en la primera reunión sobre el diálogo social hace unas semanas donde también pidió que se aplique el Código Penal para perseguir estas actitudes empresariales. «El Código Penal es la forma más coercitiva de actuar, con las multas y las sanciones administrativas se ha demostrado que no es suficiente», explica el líder de UGT.
Incremento de las actuaciones
Por su parte, Josep Maria Ángel explica que en los últimos meses la policía autonómica ha incrementado su presencia en polígonos industriales para detectar el empleo clandestino, con dos operaciones recientes contra empresarios defraudadores en uno de los polígonos de Elx, una de las zonas de la C. Valenciana con más problemas de este tipo. Ángel asegura que las actuaciones irán a más y se prevé desmantelar empresas que actúen de esta manera.
El Código Penal ya contempla un artículo para combatir estas actitudes empresariales, el conocido como «delito contra los derechos de los trabajadores». Las penas van de seis meses a tres años de cárcel y multa de seis a doce meses, aunque es muy complicado que un empresario acabe en la prisión por estas actitudes. Según UGT hace falta tomar medidas contundentes para que no exista la tentación de ahorrar costes a costa de los empleados.
