Las tornas han cambiado. El Consell ha pasado de ser el principal valedor de Coepa a ser quien va camino de darle la puntilla final. Desde Zaplana a Camps, pasando incluso por el propio Fabra, que en las horas más bajas de la Generalitat llegó a perdonarle la vida, el Gobierno valenciano nunca escatimó en mimos „a golpe de subvenciones„ hacia la patronal alicantina. La dependencia llegó a tal extremo que hubo no pocos presupuestos en los que las aportaciones públicas „fundamentalmente del Consell„ llegaron a superar el 90 % de los ingresos. Coepa, a cambio, encabezó protestas y manifestaciones cuando se le llamaba a filas. Ahora, todo se ha torcido, y se ha torcido por un edificio que en su día se planteó como el megaproyecto estrella de esta organización empresarial: el centro de oficios situado en el polígono de Babel de Alicante. Y es que el Consell ha cumplido su amenaza, y no sólo ha presentado una demanda de ejecución contra Coepa por la deuda que mantiene por ese centro de oficios, sino que pide el embargo de todos sus bienes, incluidas cuentas corrientes, subvenciones y devoluciones tributarias, además de, lógicamente, ese edificio.

Hasta ahora se había especulado mucho sobre la presentación de esa demanda, hasta el punto de que incluso desde la cúpula de la patronal no tenían empacho en afirmar hace sólo unos días que esto no era más que «ruido mediático» interesado, y que poco menos que todo respondía a una caza de brujas contra el núcleo duro de la confederación alicantina. Sin embargo, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la demanda de ejecución no sólo existe, sino que, además, entró en los juzgados de Alicante el pasado 13 de octubre.

El paso que acaba de dar ahora el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), organismo éste que precisamente fue quien dio el préstamo de 3 millones de euros para la construcción del edificio, pone así al borde del precipicio a una organización ya de por sí desahuciada. Acaba así el Ejecutivo de Puig y de Oltra con lo que ya empezó el de Fabra cuando la comisión de inversiones del IVF inició los trámites para pedir la ejecución, y envió un burofax a Coepa requiriendo el pago.

Ahora, en esta demanda, el banco de la Generalitat reclama casi 4 millones de euros: algo más de 3 millones de euros por el principal e intereses ordinarios y de demora; y otros 900.000 euros por los intereses.