El Gobierno de España va a enviar a la Generalitat 9 millones de euros dentro de un plan de orientación laboral para los parados de larga duración. Esa es la buena noticia. La mala es que el Consell solo dispone de menos de dos meses para gastarlos.
Con eso se volvió el martes la directora general del Servef, Rocío Briones, de la Conferencia Sectorial de Empleo, entre críticas por la «mala gestión» de las políticas de trabajo del ministerio que preside Fátima Báñez.
A estas alturas del año, el Gobierno aún no ha informado del presupuesto de políticas de empleo para las autonomías, que siempre se aprueba a finales del ejercicio, pero del que el Gobierno suele informar con antelación. No así este año. Con la legislatura ya finiquitada, será el Boletín Oficial del Estado el que termine por aclarar una cantidad que en abril se preveía en unos 140 millones y que se ajusta en función de determinados objetivos estratégicos que se habrán visto afectados con los cambios de gobierno autonómico.
Con todo, fue el plan para parados de larga duración el que centró parte del debate de una sectorial a la que no asistió la ministra, coincidiendo con un día en que se publicaban las cifras del paro negativas en el conjunto estatal. En total, el ministerio informó del reparto de 77 millones de euros para todas las autonomías y sin posibilidad de derivar el gasto a 2016. «Tenemos la responsabilidad de gestionar las políticas activas de empleo y no vamos a decir que no, pero pedimos flexibilidad», señaló Briones.
El dinero liberado, además, está condicionado a que dos de los nueve millones se gestionen a través de agencias de colocación, tras el acuerdo que suscribió este sector con el Servicio Estatal de Empleo. Este sector se encuentra bajo cuarentena por parte del nuevo Servef.
Los nuevos responsables de Economía son reacios a utilizar esta fórmula de intermediación laboral público-privada, después de que en agosto los nuevos dirigentes encontraran algunas anomalías en el proceso de adjudicación de contratos de intermediación laboral a las agencias de colocación.
Ahora mismo, el Servef debe trabajar a contrarreloj para contratar a orientadores que ofrezcan itinerarios a estos desempleados de larga duración, así como licitar los contratos de los dos millones que corresponden a las agencias de colocación. Se corre el riesgo de que parte de esos más de nueve millones se queden sin utilizar. El gasto tiene que estar comprometido antes del próximo 31 de diciembre.
