Tras muchos meses esperando como un maná los 2,6 millones de euros que recibirá anualmente a través de la ley de participación institucional, la patronal autonómica Cierval ha llegado al momento culminante de la temporada sin haber hecho algunos deberes esenciales, seguramente por las vidas paralelas que siguen las tres provinciales que la constituyen y porque barrunta que el dinero siempre es la madre de todas las batallas. Los fondos de la participación institucional se antojan la tabla de salvación de la Cierval, en serios apuros financieros, y de las patronales de Castelló y Alicante, que están, si cabe, peor.
Sin embargo, además de que todavía no ha llegado ni un euro, la organización, que tiene convocada para finales de mes una reunión de sus órganos de gobierno que se prevé decisiva, aún no ha debatido cómo se repartirán esos fondos. En principio, no debería ser excesivamente complicada esta última cuestión, porque se trataría de reservar una parte para el funcionamiento de Cierval „algunas fuentes estiman esa cantidad en torno al medio millón de euros„ y distribuir el resto entre las tres provinciales en función del peso que cada una de ellas tiene en la asamblea: un 41 % la valenciana CEV, un 32 % la alicantina Coepa y un 26 % la castellonense CEC.
Sin embargo, estas dos últimas acumulan cuantiosas deudas con la autonómica, uno de los motivos principales de las penurias de esta. Por un lado, están las cuotas no abonadas por ambas y, por otro, el medio millón que Cierval ha tenido que devolver a la administración por el mal uso que la provincial de Castelló hizo de los cursos de formación y que ahora adeuda a la autonómica. ¿Qué hacer? Si lo descuenta de la participación institucional mantendrá a ambas organizaciones en la miseria. Si lo retrasa o fracciona los pagos se perjudicará a sí misma y, de paso, a la CEV, que es la que ha sustentado y sigue sustentando a la organización por su mejor salud financiera.
Todo ello, claro está, siempre que no acontezca lo que alguna de las fuentes consultadas esboza como una posibilidad: que la Generalitat no abone los 2,6 millones al entender que Cierval es corresponsable de la deuda de 3,9 millones que la alicantina Coepa tiene con la administración autonómica a resultas de su edificio de formación. Es una opción en principio con poco fundamento porque se trata de una operación directa entre Coepa y el Instituto Valenciano de Finanzas, que, de hecho, ya ha pedido al juez el embargo de esa patronal (y no de la Cierval).
Otro factor por determinar, según esas fuentes, es la de un protocolo interno que establezca los criterios para justificar el dinero de la participación institucional. Y es que en Valencia, tras observar cómo ha actuado recientemente la patronal castellonense con la formación, se teme que puedan surgir irregularidades que causen minoraciones y nuevos problemas financieros: «Si no se hace bien, los demás seremos corresponsables y pagaremos justos por pecadores».
Así que Cierval tiene faena por delante. Un trabajo que, además, tendrá consecuencias sobre la largamente aplazada reforma de la organización. El nuevo modelo se ha retrasado hasta la llegada del dinero de la participación institucional, pero el futuro es impredecible. No se sabe incluso si la Coepa sobrevivirá a sus problemas. La CEC está en las últimas.
Y Valencia pretende aprovechar la ocasión para ganar peso, abrir la autonómica a las sectoriales o, si pudiera ser, forzar una integración total que al norte y al sur rechazan de plano. Todo ello en una organización que, como relataba una de las fuentes consultadas, se compone de tres confederaciones provinciales que se dan la espalda de continuo excepto cuando una vez al mes se reunen en los órganos de gobierno de Cierval... para no hablar de sus problemas internos.
