Las centrales CSIF, Sindicato Independiente (SI), Unión Sindical Obreras (USOCV) e Intersindical Valenciana presentaron ayer un escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo contra el reglamento del Consell que desarrolla la Ley de participación y colaboración institucional de las organizaciones sindicales y empresariales, que beneficia a UGT, Comisiones Obreras, así como la patronal autonómica Cierval al repartirse 5,2 millones de euros anuales „al margen de otras líneas de ayudas destinadas al empleo y la formación„ por su presencia en organismos públicos.
Gastos para luz y agua
Estas organizaciones de trabajadores sostienen que los beneficios otorgados a las organizaciones patronales y sindicales mayoritarias son un «privilegio exorbitante» el citado decreto del Consell y lamentan la «vulneración de los derechos de igualdad y libertad sindical». Los cuatro sindicatos denuncian que Cierval, UGT y CC OO gastan dinero de este fondo para gastos generales de suministros de energía y agua, material de oficina y papelería sin estar justificados. Además, justifican gastos de seguros, arrendamientos, amortización de locales y equipos informáticos «impropios con la participación institucional». Y sostienen que también subcontratan servicios que son «inadmisibles».
El escrito presentado en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que conllevará un posterior formalización de la demanda ante los tribunales, advierte de que el decreto 191/2015 de 28 de octubre, que tiene como contenido el citado reglamento impulsado por la conselleria de Economía Sostenible, no establezca criterios equitativos para regular esa participación y colaboración institucional. En lugar de hacerlo, determina una exclusividad para UGT y CC OO.
El texto, que entregaron los máximos dirigentes de CSIF (Daniel Matoses), SI (Fermín Palacios ), USOCV (Ismael Montero) e Intersindical Valenciana (Vicent Mauri), advierte de la «desigualdad de trato entre sindicatos, desprovista de la objetividad, justificación, proporcionalidad y razonabilidad exigibles», según el Constitucional, para que tal diferencia pueda considerarse aceptable. El recurso alerta de la vulneración de los artículos 7.14 y 28.1 de la Constitución, que consagran principios y derechos como la igualdad o libertad sindical.
