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Operación "Citrus"

El Consell negocia con dos fondos de inversión extranjeros la venta de los activos de la SGR

Una de las ofertas presentadas podría superar los 170 millones en los que han sido tasados los inmuebles adjudicados por la avalista

El Consell negocia con dos fondos de inversión extranjeros la venta de los activos de la SGR

El Consell, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), está negociando con diversas empresas que se han interesado por la llamada operación Citrus, es decir, la subasta de los inmuebles adjudicados por la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR) de la Comunitat Valenciana como consecuencia de la alocada política prestamista de la entidad avalista durante los años de la burbuja inmobiliaria, cuando financió en exceso operaciones de ese sector o con garantías de ese tipo. La Generalitat, que controla el 40 % del capital de la sociedad, espera que la venta de esos activos pueda estar formalizada el próximo mes de marzo.

Las fuentes consultadas por este diario, conocedoras de la marcha de las negociaciones, aseguran que, de todas las ofertas recibidas por Citrus, hay dos «buenas», una de las cuales estaría dispuesta a superar los 170 millones en que esta tasada la cartera, compuesta especialmente por naves y solares. Se trata de dos fondos de inversión extranjeros que ya tienen experiencia en el mercado español.

Esta operación es crucial para el futuro de la SGR, que lleva más de un año inmersa en las negociaciones. Cuanto más dinero logre con la venta de los activos adjudicados, más recursos tendrá para disminuir su deuda con la banca, lograr nuevos créditos que garanticen su viabilidad y aliviar los problemas del Consell.

Por otro lado, la Intervención de la Generalitat se ha mantenido en sus trece y ha transmitido al IVF que no debe hacerse cargo de aquellos avales procedentes de operaciones sin racionalidad económica efectuadas por la SGR al amparo del convenio con la administración autonómica. Tampoco debe hacer frente a doce millones en avales que quedaron fuera de dotación presupuestaria en 2010. Esta resolución se produce después de un dictamen del Consell Jurídic Consultiu, reclamado por el citado instituto, que concluye que los avales a la SGR no pueden ser considerados como tales desde el punto de vista jurídico. La Intervención, por contra, cree que a efectos patrimoniales sí lo son. Las fuentes consultadas aseguran que si este organismo de la Generalitat hubiera aceptado los postulados del Consell Jurídic, el IVF se habría visto obligado a hacer frente a todos los avales, los no razonables y los correspondientes a los citados doce millones, en contra de lo que anunció el pasado 25 de septiembre en las Corts el director general del instituto, Manuel Illueca. En la Conselleria de Hacienda esperan que la SGR pleiteará contra esta decisión que conlleva para ella una merma patrimonial.

En las Corts, Illueca detalló que, de los 400 millones que la Generalitat tiene comprometidos con la SGR, 260 millones corresponden al aval con el que la Generalitat salvó a la sociedad de la quiebra en el verano de 2013. En esa cifra se incluían 60 millones de agujero aflorados por una inspección del Banco de España. Los restantes 140 son los que la administración tendrá que aportar, como máximo, para cargar con los fallidos de la SGR de los últimos años. Al cierre del primer semestre de este año, ya llegaba a los 118 millones

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