La Conselleria de Vicepresidencia ya ha puesto negro sobre blanco su plan de cláusulas sociales que establecerá como criterios de adjudicación en los concursos que convoque para prestar servicios externos. La idea de la conselleria es que no sólo el precio establezca cuál es la mejor oferta, sino que se puntúe también a las empresas por su sensibilidad hacia colectivos en situación de vulnerabilidad.
«Hay que trasladar la responsabilidad a todos los que quieran entrar a colaborar en la gestión pública», valora Gustavo Zaragozà, director general de Planificación de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. «Si somos equidistantes dejamos fuera a los que tienen dificultades», añade. El objetivo es, sin vulnerar la ley, institucionalizar la discriminación positiva.
Así las cosas, a partir de ahora en los concursos se considerará favorablemente a las empresas que tengan contratadas a personas de colectivos tales como: personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%; jóvenes desempleados de entre 16 y 30 años; inmigrantes; mujeres; minorías étnicas; víctimas de violencia de género; personas desempleadas mayores de 45 años; perceptores de rentas mínimas de inserción, o cualquier otra prestación de la C. Valenciana, de igual o similar naturaleza; personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que hace referencia el punto anterior por falta de periodo exigido de residencia o empadronamiento o haber agotado el periodo máximo de percepción legalmente establecido; también menores de edad con más de 16 años tutelados por la Generalitat; personas con problemas de drogadicción o alcoholismo en procesos de rehabilitación o reinserción social; internos de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a un empleo; menores incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación en materia de responsabilidad penal de menores; personas afectadas con enfermedad mental, o cualquier otro colectivos que, previo informe de los servicios sociales, acredite estar en situación de exclusión social.
Todas estas casuísticas figuran en la «Recopilación de Buenas prácticas» de la Conselleria de Vicepresidencia, Igualdad y Políticas Inclusivas elaborada por Zaragozà. La idea es que este plan termine como instrucción de obligado cumplimiento para todas las consellerias a la hora de sacar a concurso servicios externalizados, aunque es la Conselleria de Transparencia la competente para generalizar estas políticas.
De momento, el departamento de Mònica Oltra va a comenzar a implementarlo en el marco de sus competencias, tratando de que los contratos que adjudique cada dirección general proteja al colectivo en el que centra su actividad.
El sector público tiene margen de maniobra en la puesta en marcha de iniciativas de este tipo. En la UE las administraciones representan entre el 15% y el 20% del PIB, con lo que el volumen de empleo que generan en más que considerable. Mientras tanto, existen colectivos con índices de paro elevadísimo, como los jovenes; discapacitados o maltratadas, explica Zaragozà. Desde Vicepresidencia lamentan que el anterior Consell se fijase unos objetivos tan poco ambiciosos como que un 3% de todos los contratos tuvieran cláusulas sociales.
