Feria Valencia tendrá que devolver el dinero que la Generalitat ha tenido que aportar anualmente desde hace una década para hacer frente a la deuda por las obras de ampliación del recinto. El motivo, según confirmaron ayer a este diario fuentes de la Conselleria de Hacienda, no es otro que el hecho de que la Intervención de la Generalitat considera que esas cantidades no deben ser tenidas por subvención, sino como aval y, en consecuencia, la administración autonómica «tendrá que repercutir en la institución ese dinero», es decir, tendrá que reclamarle la devolución del mismo a partir del momento en que entre en beneficios.

Esta conclusión está contenida en el informe definitivo que la Intervención cerró en octubre de 2014 tras valorar las alegaciones de la propia Feria y del Instituto Valenciano de Finanzas y que acto seguido remitió a la fiscalía, que investiga los sobrecostes que se produjeron en la ampliación. Tal como anunció el 31 de octubre del año pasado el entonces conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, el documento definitivo se ratificó plenamente en las conclusiones del provisional, es decir, que los sobrecostes se elevaron a 251 millones de euros, con un incremento del 86 % respecto a lo que se había presupuestado.

El documento dice que, de mantenerse la tendencia actual, la financiación de la ampliación tendrá un coste de 28,37 millones para Feria Valencia y de 1.027 para la Generalitat. La institución alegó que en los próximos años, superada la actual crisis, la entidad entraría en beneficios y podría contribuir al pago de la deuda. El interventor, sin embargo, lo pone en duda y precisa que la Feria «no aporta ningún dato que permita concluir que se va a invertir esta tendencia». Pero, además, niega que el dinero que lleva abonando la Generalitat cada año desde 2003 para pagar la deuda —así se contempló en el convenio firmado con la Feria para el caso de que esta no pudiera hacer aportaciones— sea una subvención (a fondo perdido), como defendía en aquel momento el IVF, cuando gobernaba el PP, y la institución en sus alegaciones, sino un aval. Y añade que «en cualquier momento puede dejarse de dotar la subvención nominativa, entrando en juego el pago del aval descrito».

Las fuentes consultadas aseguran que este cambio de consideración es una de las cuestiones más complicadas que tiene encima de la mesa el grupo de trabajo, integrado por la Generalitat, el Ayuntamiento y la propia Feria, que está diseñando la nueva estructura de la sociedad. La entidad se va a dividir en dos firmas, una patrimonial pública que asume la deuda y los inmuebles, y una gestora en la que debe participar el capital privado. Sin embargo, dada la nueva situación, ambas nacerían con desequilibrio patrimonial, una circunstancia que no es viable.

Así las cosas, el citado grupo estudia fórmulas para superar este obstáculo, sobre todo si, como está previsto, se fía la recuperación económica de la Feria, en pérdidas en los últimos años, a la aportación que hiciera al negocio un operador privado de este sector. Las fuentes consultadas apuntan que una de las opciones que podría barajarse es llegar a un acuerdo político que implique legislar para condonar la deuda. El informe cuantifica en 151 millones la cantidad que la Generalitat ha satisfecho hasta ahora por la deuda ferial.