El expresidente de la Generalitat Valenciana y de Bancaja José Luis Olivas y el empresario Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Corts Juan Cotino, se sentarán en el banquillo de los acusados en octubre de 2016 por un presunto fraude a Hacienda. En concreto, la vista se celebrará los días 18 y 19 de octubre en un juzgado de lo Penal de Valencia, según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La Fiscalía pide tanto para Olivas como para Cotino una pena de tres años de cárcel al entender que podrían haber incurrido en un delito contra la Hacienda Pública y en un delito de falsedad documental. También les reclama el pago de una multa de 202.700 euros.
Los hechos se remontan al año 2008. En ese periodo, Vicente Cotino era dueño y administrador único del Grupo Fiscal Asedes Capital S.L., al que pertenece, entre otras, la empresa Sedesa Inversiones S.L., cuyo objeto social era el sector de la construcción y energético.
Por su parte, Olivas era administrador y socio al 50 por ciento, con su esposa, de Imarol S.L., destinada al asesoramiento de empresas y a la inversión patrimonial.
El ministerio público estima que ambos, «actuando de común acuerdo y con ánimo de defraudar a la Hacienda Pública», decidieron que una transferencia por importe de 500.000 euros más 80.000 euros de IVA que hizo Sedesa a Imarsol fuera contabilizada y consignada en la declaración del Impuesto de Sociedades de 2008 del Grupo Fiscal Asedes Capital como gasto deducible.
Para ello, crearon un documento que «aparentaba» ser una factura firmada por Olivas, en la que se documentaba que el cobro por la empresa Imarsol a Sedesa se debía a unas supuestas actividades de gestión y asesoramiento en la venta por Sedesa a Endesa de su 25 por ciento en Proyectos Eólicos Valencianos S.A.
Esta actividad de gestión y asesoramiento «no existió», al realizar dicha venta la empresa Inversiones Alternativas Energéticas, propietaria de las acciones y también perteneciente al Grupo Asedes, «sin intervención alguna» de Olivas, «tratándose el pago de una liberalidad de Cotino al otro acusado» que «en ningún caso puede ser considerada gasto deducible en el Impuesto de Sociedades», mantiene la fiscal.
Olivas, cuando fue requerido por los inspectores de Hacienda para que acreditara la realidad de los servicios que se habían hecho figurar en esa factura, aportó un informe de tres páginas firmado por su esposa, «quien firmó por indicación de aquel», y que llevaba fecha de 23 de abril de 2008. El título de este informe era Operación Parques Eólicos Valencianos y no respondía a ninguna gestión llevada a cabo para dicha venta ni contenía ninguna información útil para ella, según mantiene el ministerio público.
