El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró ayer que los acreedores públicos, entre ellos el ICO, Cofides y CESCE, tienen «instrucciones de analizar» si las «poco presentables» indemnizaciones de la cúpula de Abengoa anunciadas con anterioridad al preconcurso repercuten en el interés general. Tras asegurar que los acreedores públicos mantendrán una «postura constructiva», el ministro aseguró que «no es cuestión de echarle culpa al Gobierno o a la banca» de la situación actual de Abengoa y que se trata de una empresa «viable y puntera» que recibe el 90 % de sus ingresos del extranjero, razón por la que las primas a las renovables en España no son la causa de su problema.

«Su problema es de endeudamiento», destacó antes de apostillar que la compañía está «muy, muy, muy apalancada».

Por otro lado, la banca acreedora de Abengoa y KPMG, asesor de la compañía andaluza en el proceso de reestructuración de su deuda, se reunió ayer y las entidades apremiaron a Abengoa a que detalle su endeudamiento para poder abordar soluciones. Según fuentes financieras, esta primera reunión tras la solicitud del preconcurso de acreedores sirvió también para fijar posiciones y establecer un comité, como suele ser habitual en estos procesos, con representación de la banca nacional e internacional. Este comité estará integrado por el Banco Santander, Bankia, Banco Popular, CaixaBank y Sabadell, junto a HSBC y Société Générale.

El despacho Yvancos Abogados ha presentado en nombre de accionistas y bonistas una querella contra los miembros del consejo de Abengoa y la auditora de la compañía Deloitte ante la Audiencia Nacional por la presunta comisión de varios delitos societarios.