La reunión de ayer de la junta directiva de la patronal autonómica Cierval fue breve y pasó de soslayó por la gran mayoría de los problemas que acucian a la organización, según las fuentes presenciales consultadas por este diario. El presidente de la alicantina Coepa, Moisés Jiménez, intervino para decir que su organización tiene encauzadas sus enormes dificultades internas a excepción del preconcurso de acreedores que ha tenido que presentar tras el embargo solicitado por la Generalitat debido al impago de un crédito a cuenta de su centro de formación. En Coepa, que lleva cinco meses sin pagar a sus trabajadores y varios años sin abonar las cuotas a la Cierval, tienden a minimizar su calamitoso estado. Y en Valencia, por lo que se vio ayer en la junta, impera el silencio, a pesar de las críticas vertidas desde la provincial de Alicante contra Cierval por una supuesta falta de apoyo.
El máximo responsable de la autonómica, José Vicente González, informó de que el dinero de la ley de participación institucional „2,6 millones que la entidad espera como un maná„ está a punto de ser ingresado, pero la junta directiva no discutió qué va a hacer, cuando cobre, con las deudas que tienen con ella la Coepa y la castellonese CEC. En principio, Cierval se quedaría en torno al 20 % y el resto se repartirá en función de su peso en la asamblea „CEV (41 %), Coepa (32 %) y CEC (26 %)„. Tampoco se habló de la paralizada reforma de Cierval. Queda por ver si en la reunión del comité ejecutivo prevista para antes de final de año se abrirá algún debate.
