En contra del criterio de la Intervención de la Generalitat, el Consell Jurídic Consultiu (CJC) considera que el dinero que la administración autonómica ha abonado —y seguirá aportando— a Feria Valencia para hacer frente a la deuda contraída por sus obras de ampliación no corresponde a un aval, sino a una subvención, y, por tanto, la institución ferial no tiene la obligación de retornar esas cantidades, según el dictamen que el pasado 24 de septiembre el CJC remitió a la Conselleria de Hacienda.
Tras meses batallando contra la Intervención, que en octubre de 2014 emitió un informe relativo a los sobrecostes feriales en el que concluía que la entidad debía devolver el dinero abonado por la Generalitat, el entonces conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, pidió el pasado 21 de mayo al órgano consultivo que se pronunciara sobre esta cuestión. Tras el cambio de gobierno, el presidente del CJC, Vicente Garrido, se dirigió al nuevo conseller, Vicent Soler, para que se ratificara en la consulta. Después de recibir una respuesta afirmativa, la entidad analizó los diferentes documentos por los que la Generalitat se comprometió en 2002, 2007 y 2009 a hacerse cargo del pago de las obras siempre que Feria Valencia no pudiera abonarlas.
La financiación inicial fue por 325 millones, si bien la Intervención ha elevado el coste final de la obra para la Generalitat a 1.027 millones, especialmente por los sobrecostes detectados. La conclusión fundamental del CJC es que «no consta» en los «respectivos clausulados» del contrato programa y del convenio de colaboración «que la posición de la Generalitat sea la de avalista..., ya que la obligación de "transferencia" lo es únicamente a favor de la entidad Feria Valencia» y no frente a sus acreedores, quienes no pueden «accionar contra la Generalitat» en caso de impago. Así que «nos encontramos ante atribuciones patrimoniales en favor de Feria Valencia a "fondo perdido" y, por tanto, ante subvenciones», según el informe al que ha tenido acceso este diario.
El CJC sí detecta un caso en que la Generalitat es avalista por las obras en la institución. Se trata del contrato de garantías y coordinación suscrito con el Banco Santander y la Banca Intesa, por un importe de 30 millones, para que Feria Valencia pudiera pagar los intereses de los 325 millones de financiación inicial.
Ahora bien, el dictamen del Consell Jurídic no es vinculante y, además, según las fuentes consultadas, se trata de un informe de carácter jurídico, mientras que la Intervención valora los efectos sobre la Administración y considera que, en términos patrimoniales, Feria Valencia debe devolver el dinero. Las citadas fuentes consideran que, ante el enroque de la Intervención, que ya ha tomado una posición casi idéntica con respecto a la SGR y ha remitido su informe por los sobrecostes feriales a la Fiscalía, una de las salidas con mayores posibilidades es que las Corts legislen, con el apoyo de las fuerzas parlamentarias, para consagrar que el dinero aportado es a fondo perdido, lo que, a su vez, permitiría desbloquear el rediseño de la institución, que debe aclarar el destino de su deuda para poder dividirse en dos empresas.
