La investigación abierta por la adjudicación a una misma entidad de los planes de recolocación derivados de los EREs operados en las empresas públicas de la Generalitat Valenciana ha sido finalmente archivada.

Así consta en la resolución, en la que se estima que de lo investigado no hay indicios de delito para imputar a una persona en concreto. También se señala que las adjudicaciones se ajustaron según el sistema de adjudicación, tal y como consta en el inicio y publicación de los expedientes de contratación y en los informes de colocación.

Fiscalía de Valencia abrió una investigación el pasado mes de julio de este año por este asunto tras recibir una denuncia presentada por una trabajadora afectada por el ERE del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa).

La denunciante alertaba en su escrito de que todos los planes de recolocación derivados de los EREs operados en las empresas públicas de la Generalitat se habían adjudicado a una misma entidad: Fundación Equipo Humano. En concreto, se refería a los EREs en Ivvsa; Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa); Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat (Ciegsa); Valenciana de Aprovechamiento de Residuos Energéticos (Vaersa); y Radiotelevisión Valenciana (RTVV).

Según mantenía la extrabajadora, todas estas adjudicaciones se produjeron después de que la fundación editase una guía de apoyo a trabajadores afectados por los EREs en colaboración con la Conselleria de Economía, Educación y Hacienda en 2011 "sin que haya constancia del carácter gratuito de dicha colaboración", decía en su texto.

"Lo llamativo de este asunto --se exponía en el mismo escrito-- no es solo la cifra total de adjudicaciones, superior al millón de euros, sino el hecho de que no se adjudique ningún plan de recolocación a ninguna otra agencia de recolocación", siendo "especialmente dudoso" el caso de RTVV, "en el que casualmente, ninguna otra empresa o entidad presentada cumple los requisitos jurídicos exigidos".

Ante ello, la extrabajadora consideraba "de fundamental importancia" la revisión de los criterios de valoración y selección de empresas utilizados en estas adjudicaciones y, además, la vigilancia de todas las facturas abonadas a la fundación --o sus empresas conexas-- en el caso de que el único criterio de adjudicación hubiera sido que su oferta era "la más ventajosa económicamente".

El órgano judicial, tras abrir una investigación al respecto, ha decidido archivar el procedimiento al no ver indicios de delito ni en las adjudicaciones ni en los expedientes de recolocación.