El conocido como banco malo está poniendo en alquiler viviendas en la Comunitat Valenciana que no logra vender. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ya ha alquilado 803 inmuebles (606 viviendas y 197 locales comerciales y oficinas). La Sareb ultima además un acuerdo con el Consell para arrendar viviendas sociales. Fuentes de la entidad confirmaron que las negociaciones están muy avanzadas y que en breve podrían cerrar el acuerdo con la Conselleria de Vivienda.
La sociedad fue creada en 2012 para gestionar la venta de los activos inmobiliarios generados durante la burbuja y que lastraron las cuentas de resultados de las entidades bancarias españolas. El banco malo recibió una cartera de 90.618 activos financieros valorados en 39.438 millones de euros (sobre todo préstamos) y 106.856 activos inmobiliarios tasados en 11.343 millones de euros (principalmente viviendas).
Según recoge el último informe de la Sareb, ha ampliado su cartera de alquiler de viviendas para obtener ingresos de activos «cuya gestión puede ser más compleja».
Arrendamientos sociales
La Sareb mantiene en toda España 4.123 viviendas. Además, va a destinar 2.000 a alquileres sociales. La entidad ya ha firmado acuerdos de colaboración con los gobiernos de Aragón, Galicia, Cataluña, País Vasco. La sociedad mantiene conversaciones avanzadas (además de con el Consell) con los gobiernos autonómicos de Baleares, Cantabria y Madrid.
Los acuerdos prevén la cesión temporal de los inmuebles durante cuatro o cinco años para que se pueda hacer un uso social de ellos mediante alquileres blandos. El banco malo percibe del gobierno regional entre 75 y 125 euros para atender al pago de impuestos (Ibi y tasas municipales) y gastos de comunidades de propietarios. Si la Generalitat Valenciana acepta gestionar los pisos, los integrará en su red de servicios sociales y decidirá si cobra alquiler por ellos y la cuantía de los mismos. En caso de recibir viviendas con familias morosas dentro tendrá que encargarse de gestionar el cobro de las cantidades pendientes o de negociar un nuevo marco contractual con los inquilinos.
