Es loable el empeño de los actuales gestores de la Generalitat de intentar minimizar el impacto sobre las arcas públicas de la ampliación de Feria Valencia. Son ni más ni menos que 1.027 millones, incluidos los sobrecostes que está investigando la fiscalía. Sin embargo, es prácticamente imposible recuperar ese dinero, entre otros motivos porque la razón de ser de una institución de estas características no es obtener grandes beneficios, sino dar servicio a las empresas. Debería pasar una eternidad para que los retornos compensaran la inversión.
Por tanto, en el demorado rediseño de la institución, los responsables de las consellerias de Economía Sostenible y Hacienda, que están llevando el peso del trabajo, harían bien en olvidarse de cómo recuperar la deuda y centrarse en cómo rentabilizar las instalaciones. Al margen de la megalomanía que supuso el nuevo recinto, hoy solo lleno una semana al año, y del exceso de dinero enterrado en su cemento, del que los equipos del expresidente Alberto Catalá deberán responder, lo cierto es que aquella fue una inversión para la economía productiva, en origen impulsada por los propios empresarios.
Los mastodónticos edificios están ahí y los responsables públicos tienen la obligación de tratar de encontrar la fórmula que los haga rentables. Y la rentabilidad en un recinto ferial no se mide tanto por los beneficios que genera per se sino por las economías de escala que produce en su entorno. La última edición de Cevisama ha sido el mejor ejemplo, con los hoteles y restaurantes de Valencia y sus alrededores llenos.
Los organismos públicos acordaron inicialmente una división en dos empresas: una pública que asumiría la deuda y los inmuebles y una firma para gestionar el negocio donde se daría entrada a un operador privado del sector que aportara negocio. Los gestores públicos parecen decantarse ahora por que esa segunda empresa sea totalmente pública y que llegue a acuerdos individuales con distintos operadores sin implicarlos accionarialmente. Es una opción, claro. Pero qué diferencia este modelo del que ahora sigue la entidad. Nada impide que la institución alquile espacios a empresas o contrate a operadores para organizar certámenes externos, incluidas esas ferias outlet que tanto disgustan a la conselleria de Economía.
Y, sin embargo, ¿ha aumentado el negocio? ¿Hay un impacto sustancial de la feria en su entorno una vez que pasa la semana de febrero en que concentra a sus eventos históricos como el mueble y la cerámica? La respuesta es no. Por ello, los responsables públicos tal vez deberían no descartar alegremente la opción de vincular la entidad que preside José Vicente González con un gran operador internacional que consiga elevar el número de semanas en que el recinto es importante para su hinterland,
No es necesario firmar una concesión a cincuenta años ni darle el control de la empresa gestora, porque el éxito no está asegurado ni de lejos. El operador vendrá a obtener ganancias, como es obvio, y de lo que se trata es de lograr una simbiosis entre los objetivos de cada parte. Además, es una apuesta diferente a la que impera en sus competidoras españolas y desarrolla actualmente la institución. En ocasiones, la diferenciación es la clave de la competitividad. Y no hay que olvidar que las carencias en las comunicaciones aéreas y terrestres de la ciudad que la acoge, lejos de las ventajas de Madrid o Barcelona, y el declinante tejido industrial autóctono no ayudan a ir por libre.
