La explosión de casos de corrupción que vive la Comunitat Valenciana como consecuencia de la gestión que los políticos del PP hicieron en todas las administraciones públicas en las que gobernaron en las dos últimas décadas —y fueron casi todas— está provocando el hundimiento de la imagen de marca valenciana no solo en el resto de España, sino también en el exterior del país. En Bruselas, la Comisión Europea mira estupefacta el reguero de políticos valencianos investigados, enjuiciados o encarcelados y se tienta la ropa. Fuentes de la Generalitat consultadas ayer por este diario confirmaron las crecientes «reticencias» que perciben en las instituciones europeas a la hora de liberar las ayudas que conceden para una gran diversidad de políticas, desde las agrarias a las de formación, empleo o infraestructuras.
«Bruselas se muestra recelosa por la corrupción valenciana a la hora de dar ayudas», aseguran las citadas fuentes, que apuntan que algunos consellers de la Generalitat han padecido esas trabas en sus desplazamientos a Bruselas para negociar partidas presupuestarias. «Se muestran muy exigentes y muy duros», aunque de momento la Generalitat no ha padecido una negativa a recibir esa financiación.
«Se consigue el dinero, pero con más dificultades de lo que sería razonable», concluyen. Estas fuentes apuntan que el actual Consell, integrado por el PSPV y Compromís, está teniendo que hacer una labor pedagógica ante los administradores europeos para convencerles de que los actuales responsables del Gobierno valenciano nada tienen que ver con sus antecesores del PP y que el uso ilegal de los fondos públicos es ya una cosa del pasado.
En el Consell el malestar es creciente ante una situación potencialmente peligrosa e imprevisible. Con las arcas muy mermadas, un endeudamiento de escándalo —40 % del PIB— y una nula autonomía a la hora de financiarse, las ayudas europeas son un instrumento esencial para poner en marcha muchas de las políticas estratégicas del Consell. No hay que olvidar que el dinero de la Comisión Europea, pero también el de organismos como el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que asimismo se muestra crecientemente receloso ante la corrupción valenciana, complementa muchas acciones de la Generalitat por la vía de la cofinanciación. Sin esos recursos son innumerables las actuaciones que se verían frenadas o mermadas. Como admiten las fuentes consultadas, «en la Generalitat tenemos muchas esperanzas puestas en las políticas que podamos desarrollar con los recursos que lleguen de la Comisión Europea».
Más de 2.200 millones
La Comunidad Valenciana, tal como anunció el pasado mes de octubre el conseller de Hacienda, Vicent Soler, gestionará durante el periodo 2014-2020 un total de 2.259 millones de fondos de la Unión Europea, lo que supone un 4,3% más que durante la etapa anterior. De ellos, 568 millones corresponden al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Soler detalló que los fondos asignados a la autonomía se destinarán a potenciar la investigación (163 millones), mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y la comunicación (139), mejorar la competitividad de las pymes (111), favorecer las economías bajas en carbono (68), protección del medio ambiente (58) y asistencia técnica (27).
Pero el maná de Bruselas también riega al sector agrario valenciano, subvenciona la formación de trabajadores y tiene un papel clave en las políticas de empleo y en la puesta en marcha de infraestructuras.
