El macroproyecto de ocio y comercial de Paterna, Puerto Mediterráneo, afronta la fase final de su trámite administrativo más de tres años después de que la Generalitat iniciara la vía de la Actuación Territorial Estratégica (ATE), un mecanismo legal ideado por el Consell del PP para, curiosamente, agilizar los trámites y evitar que la burocracia disuadiera la llegada de inversiones.
La Conselleria de Infraestructuras, que tramita la ATE, ha enviado a la Conselleria de Medio Ambiente el expediente, que incluye 46 informes de diferentes organismos, para que dé el visto bueno ambiental. Según defienden los inversores, la joint venture de origen británico Intu-Eurofund Investments, liderada por Ian Sandford, todos los informes son favorables.
Aunque la documentación acaba de llegar a Medio Ambiente (el 16 de marzo), y los técnicos apenas han realizado un primer análisis de los informes, la conselleria que dirige Compromís va a poner bajo la lupa cada detalle de un proyecto del que el partido de Mònica Oltra reniega: «Hasta donde hemos analizado hay cosas que debemos ver bien. Eso de que todos los informes son favorables puede ser un titular redondo pero no es del todo real. Muchos tienen matices y algunos se revisarán con cuidado», avisa el secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julià Álvaro.
La opinión de esta conselleria, que dirige Compromís, es importante. Medio Ambiente tiene que revisar esos informes y dar su aprobado a la evaluación ambiental. Sin ese visto bueno no hay proyecto. La conselleria se tomará ahora varias semanas para estudiar a fondo los informes, y está previsto que el «veredicto» sobre el proyecto de Paterna llegue en la reunión de la comisión de evaluación ambiental del próximo 28 de abril.
Lo cierto es que una negativa al proyecto abriría un escenario complicado, también a nivel político. El proyecto ha ido salvando obstáculos administrativos y no genera grandes dudas en el seno del PSPV, pero Compromís se ha mostrado claramente en contra de este proyecto a través de casi todos sus líderes. La vicepresidenta Mònica Oltra lo ha calificado recientemente de «barbaridad» e «inviable», y el conseller de Economía, Rafael Climent, también se ha manifestado en contra de un modelo «devorador» del pequeño comercio, aunque se departamento no ha puesto impedimentos legales.
Si Medio Ambiente da el visto bueno, se prevé que las obras comiencen a principios de 2017. En caso contrario, la pelota quedará en el tejado de la Conselleria de Infraestructuras, de la socialista María José Salvador, que deberá decidir qué modificaciones reclama o si tumba el proyecto.
Una inversión de 87 millones en accesos y mejoras
Aunque las cifras bailan desde que se presentó el proyecto, hace cuatro años, la inversión prevista se calcula en más de 500 millones y un impacto de más de 4.000 empleos. Además, con las diferentes modificaciones que ha ido sufriendo el proyecto por las exigencias de la CHJ, Carreteras o Fomento, entre otros, se prevé una inversión en accesos de 87 millones, incluyendo la prolongación del tranvía
