La Generalitat, el ayuntamiento de Valencia y la Feria tienen ya prácticamente cerrado el acuerdo político sobre la nueva institución. Las fuentes consultadas, conocedoras del mismo, aseguran que, una vez pactado que la administración autonómica no tiene otra opción que hacerse cargo de la desorbitada deuda generada por las obras de ampliación —en torno a los 1.027 millones, según la Intervención—, no tiene sentido mantener el diseño inicial consistente en dividir la entidad en dos firmas, una de las cuales, de carácter totalmente público, se haría cargo de la deuda y asumiría la titularidad de los inmuebles y la consesión, mientras que la otra, mixta, asumiría la gestión.
Con la deuda en manos de la Generalitat y los edificios y la concesión, en las del Ayuntamiento, solo se constituirá una empresa de mayoría privada en la que la administración se reservará un elevado porcentaje minoritario. Queda por definir cómo se repartirán esa participación el Consell y el consistorio valenciano, pero la suma de ambos nunca superará el 49 % del capital. El objetivo no es otro que desvincular la nueva firma del sector público para propiciar que esta se pueda regir por el régimen privado de contrataciones y eluda el engorroso sistema del sector público.
A partir de aquí, el diseño final estará condicionado al proceso de diálogo competitivo que se abrirá con los operadores del sector interesados en formar parte de la nueva sociedad y en aportar el suplemento de negocio que consiga revitalizarla. Las fuentes consultadas aseguran que el escenario ahí deja abiertas varias posibilidades. Una de las que se barajan es que las administraciones tengan entre un 45 % y un 48 % del capital y que el operador privado participe con un porcentaje idéntico. El resto se intentaría colocar entre empresas valencianas, una opción que el presidente de Feria Valencia, José Vicente González, ya planteó públicamente hace meses. De esta forma, se mantendría el carácter privado de la entidad al tiempo que se garantizaría la valencianidad de la misma, dado que la mayoría estaría en manos locales.
Tampoco se descarta que, a la postre, entre en el negocio más de un operador: uno que se hiciera cargo de toda la actividad de congresos y otro, de la propiamente ferial. También en el citado diálogo competitivo se tendría que determinar si el sector público se reserva algún tipo de cláusula que le permita ejercer el veto sobre ciertas cuestiones estratégicas de la nueva entidad para salvaguardar los intereses valencianos frente a los operadores privados. Esta opción prácticamente sería segura si se da la circunstancia de que no entran firmas de la autonomía en el capital y las empresas del sector ferial y de congresos se hacen finalmente con el 51 % de la compañía.
