Apenas un mes después de que entrara en vigor el pacto entre el Ayuntamiento de Valencia y el gran comercio, por el que sólo podían abrir en festivo las grandes superficies de la zona centro y el entorno de la Ciutat de las Ciències, ayer todo saltó por los aires. A media tarde la secretaria autonómica de Economía, María José Mira, firmaba dos resoluciones aceptando sendos recursos de alzada que pesaban contra la restricción horaria en Valencia y Alicante.

El efecto inmediato es que el gran comercio puede volver a abrir este mismo domingo. Concretamente, en Alicante podrán hacerlo El Corte Inglés y otras grandes superficies de la zona Maisonnave; en Valencia, también vuelven a tener permiso para abrir las áreas de Campanar (Nuevo Centro, Decathlon, Hipercor), Nou Mestalla (Media Market) y, por supuesto, el estadio del Levante UD, desde donde el centro comercial Arena emitió el recurso que ha terminado por tumbar el cambio de zonas del ayuntamiento. Hoy serán notificados. Está por ver si este domingo todos vuelven a levantar la persiana con tan poco tiempo de margen.

Esta es la consecuencia inmediata. Pero su alcance va mucho más allá. La noticia, adelantada la tarde de ayer por Levante-EMV en su edición digital, tiene consecuencias políticas de alcance imprevisible. El debate de la libertad horaria ha dejado al descubierto la fractura interna en la Conselleria de Economía. El director general de Comercio y gran referente de la política de restricción de la libertad horaria, Natxo Costa, señaló anoche como culpable de la situación a su inmediata superior, la secretaria autonómica de Economía.

María José Mira no milita pero fue designada por el PSPV. La desconfianza con que se ha manejado el «mestizaje» entre PSPV y Compromís en esa conselleria ya es un enfrentamiento público. Y en víspera electoral.

Costa pidió anoche revisar el pacte del Botànic. Presidència de la Generalitat respalda a Mira, a la que Puig situó de número uno por Valencia hace un año. Fuentes oficiales de la conselleria trataban de templar los ánimos: «La sangre no llegará al río». Hoy la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, que fue puesta al día de toda la situación el miércoles por Natxo Costa, valorará la situación. Hasta la fecha siempre se han manifestado en la misma línea: defender el pequeño comercio.

Las cinco zonas de libertad horaria

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? El detonante de la crisis de los horarios comerciales hay que buscarlo en el informe solicitado por la secretaria autonómico María José Mira a la Abogacía de la Generalitat. Un petición para respaldar jurídicamente su respuesta al recurso de alzada de El Corte Inglés contra el cierre en festivos en Alicante.

Dicho documento, tal como adelantó Levante-EMV, no cuestiona la línea política, pero aconsejaba revertir el proceso por defecto de forma. Básicamente, por no haber dado audiencia a los afectados. Lo que nadie de Compromís quisiera haber escuchado. El texto, pese a no ser ni preceptivo ni vinculante, sí tenía carácter facultativo, y dejó en shock a la conselleria. Con ese texto legal señalando defectos procedimentales, los servicios jurídicos de la conselleria no se han atrevido a desmarcarse de esa línea. De hecho, la Dirección General de Comercio emitió informes jurídicos desestimando los recursos de alzada, pero no han prosperado.

Tras varias semanas de bloqueo, y toda vez que se agotaban los plazos para responder a los recursos, la conselleria ha decidido resolver de golpe las dos situaciones: dos resoluciones firmadas la tarde de ayer en que se estiman los recursos de alzada y se tumba la restricción a la libertad horaria.

Una decisión tomada para cumplir con el informe de la Abogacía de la Generalitat, que no dejaba otra salida. Ni en Alicante, obviamente; ni tampoco en Valencia: «Las consideraciones jurídicas» del informe de la Abogacía en relación a Alicante «son de aplicación por analogía», reza la respuesta al recurso de alzada de Arena en Valencia. La conselleria entiende, citando a la Abogacía, que «debería haberse concedido audiencia en el procedimiento a aquellos que viéndose afectados, [...] verían limitados sus derechos al no gozar de libertad horaria».