La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha citado como investigados a un total de 23 personas que eran consejeros de Bancaja el 19 de diciembre de 2006, el 24 de octubre de 2007 y el 17 de diciembre de 2009, es decir las fechas en las que el citado órgano de gobierno tomó decisiones relacionadas con la aprobación de créditos en operaciones en el Caribe que está investigando esa magistrada, tal como ha adelantado hoy Levante-EMV.

Lamela considera que "existen indicios de responsabilidad criminal como cooperadores en delitos de apropiación indebida y/o administración desleal por parte de las personas físicas que votaron favorablemente los acuerdos relativos al Grupo Grand Coral y que afectan a las operaciones objeto de este procedimiento Operación Emerald, Operación Zacatón-Piedras Bolas, Operación Vinoramas y refinanciación de la deuda", según el auto dado a conocer hoy por la jueza, que indica que los investigados „anteriormente, imputados„ figuran todos ellos en las actas de los consejos celebrados en las tres fechas citadas al principio.

Todos ellos deberán declarar entre el 12 y el 15 de septiembre. El auto cita a 23 personas, si bien una de ellas, el entonces vicepresidente, Arturo Virosque, falleció en 2013, y otra, la representante de los impositores por la UCE, Ana Herce, aparece dos veces: declarará el día 13 a las 12 como Ana Llanos Herce Collado y media hora más tarde como Ana Herce Collado.

Los restantes investigados son los vicepresidentes Antonio Tirado (exalcade de Castelló), Jjosefa Martí, José María Cataluña (exsecretarioi de Finanzas del PSPV) y Eduardo Montesinos (exdirector general de Trabajo en los gobiernos del socialista Joan Lerma), el vicesecretario Vicente Montesinos, y los consejeros Angel Álvarez, Manuel Escámez (exdirector general de la Bolsa de Valencia y miembro de la histórica familia de banqueros), Rafael Ferrando (expresidente de la patronal autonómica Cierval), Francisco Gregori (impositores del PP), María Teresa Montañana (impositores PP), Ernesto Pascual (CC OO), el empresario del mueble Remigio Pellicer, María del Rocío Páramo (UCE), Juan Antonio Pérez Eslava, entonces secretario general del sindicato mayoritario en la caja, el Sate; Matilde Soler (UCE), la empresaria Ana María Torres, Isaías Fayos, Francisco Villena, Héctor Ferrás (impositores PP) y Carmen Hernández (UCE).

De las personas que eran miembros del consejo de Bancaja en las tres fechas señaladas, solo tres no aparecen en el auto. Se trata del entonces presidente, José Luis Olivas, que ya está siendo investigado por Lamela en esta causa, el vocal y exdirector de la entidad fundadora, Francisco Oltra, quien no firmó ninguna de aquellas actas, y el secretario del consejo, Ángel Villanueva, quien ya declaró después de que lo hiciera Oltra.

La jueza indaga en la aprobación de créditos «dudosos por razones de morosidad» y presuntamente fraudulentos tras la denuncia de Bankia y el informe del Banco de España. Durante la presidencia de José Luis Olivas, Bancaja concedió al menos dos créditos a la sociedad Grand Coral que debieron ser considerados «dudosos por razones de morosidad» desde 2010, ya que la refinanciación aprobada por la entidad «no cumplía con las normas» del Banco de España. Así consta en el informe pericial elaborado por dos expertos independientes del supervisor que analizaron la fusión y salida a Bolsa de Bankia, cofundada por Bancaja, y en el que también se valora el préstamo sindicado de 520 millones de euros que la entidad presidida por Olivas aprobó el 29 de enero de 2010 para llevar a cabo «la refinanciación y reagrupación de la deuda viva» de dos sociedades del Grupo Grand Coral: Playa Paraíso Maya y Proyectos y Desarrollos Hispanomexicanos.

Hasta la fecha, bien por los casos Bankia o Banco de Valencia, solo Olivas, Ferrando, Tirado, Pellicer, Villanueva y el ex presidente de la comisión de control, José Rafael García Fuster, estaban siendo investigados de entre los exconsejeros de Bancaja. La jueza Lamela ha puesto por primera vez el foco sobre el consejo de la caja, que desapareció en el seno de la intervenida Bankia tras no poder superar los errores de gestión en los años del boom inmobiliario.