Las negociaciones de empresa y trabajadores de la estiba del puerto de Valencia encaminadas a firmar un nuevo convenio colectivo se han vuelto a atascar. Y la olla a presión amenaza con reventar. Todo parecía resuelto el pasado lunes. Según celebraban todas las instancias, la patronal estatal de empresas estibadoras y consignatarias Anesco había dado el visto bueno al texto pactado en Valencia.
En correspondencia, el comité de empresa anunciaba la incorporación inminente de 85 trabajadores y la apertura de la bolsa de trabajo para reforzar la plantilla, en cuadro por las vacaciones, de modo que se desatascaría el actual bloqueo de las terminales. Pero todo reventó el martes. Anesco, en realidad, no había dado el visto bueno al texto.
Hay un problema legal, apuntan desde las empresas. Los sindicatos quieren que el convenio reconozca determinadas actividades como propias y exclusivas de la estiba. Actividades que vienen haciendo pero que no están en la ley, como la subida y bajada de coches o el pesaje de los contenedores.
Las empresas, sin embargo, no quieren arriesgarse ni siquiera con un preacuerdo. Las multas son importantes y hay precedentes de sanciones de la CNMC contra estas prácticas. Se exponen a multas del 10% de la facturación de cada empresa, que pueden llegar a 35 millones. Incluso se juegan multas personales de hasta 60.000 euros para los firmantes. Parece que no se moverá nada hasta que la CNMC diga en septiembre si esas tareas complementarias pueden incluirse en el convenio.
Con este conflicto laboral perjudicando la actividad del puerto, la preocupación se ha disparado en el Grau. Ayer, ocho horas de reunión entre las empresas de la estiva Sevasa y los sindicatos no bastaron para salir del callejón. Hoy volverán a intentarlo.
«Estamos jugando con el liderazgo del puerto de Valencia y eso es una cosa seria», valoran desde el puerto. Desde ámbitos empresariales se lamenta que la estiba, a nivel estatal, está utilizando el enclave valenciano como «laboratorio», como «campo de batalla». Se entiende que el convenio que se obtenga aquí será replicado en cada puerto. El asunto no es menor: en el horizonte está la reforma de la ley española, que debe ajustarse a la normativa europea que quiere liberalizar estos trabajos.
El problema es que los efectos de la conflictividad sólo se dejan notar en Valencia, y eso beneficio de puertos competidores. En las últimas semanas, se han desviado hasta 70 u 80 buques. El tráfico se ha reducido un 20% respecto a lo normal en un mes. La Autoridad Portuaria, a través de Aurelio Martínez, lanzó la voz de alarma a mediados de julio. Las navieras buscan rutas alternativas, y de ahí se deriva la tentación de cambiar la escala.
De momento la plantilla, que está al 50%, no ha amenazado con redoblar la presión y seguirá doblando los turnos de trabajo. Pero nadie se atreve a hacer predicciones.
