Desde que el Gobierno, a través del Sepides, decidió que «no iba a seguir enterrando fondos públicos» en este parque, y no daría un préstamo de 9,7 millones para terminar las obras, estaba claro que la solución pasaba, de un modo u otro, por el Puerto de Valencia. Y éste ha acudido al rescate.

El 'plan a' consistía directamente en una permuta de la parcela que tenía reservada, la Z1, por otra que se quedó en 2007 el grupo industrial Ros Casares, la Z2, que había regresado a Parc Sagunt SL tras el hundimiento de la histórica firma. Esa parcela es más grande (387.299 metros frente a 280.000) y tiene mejor acceso al ferrocarril. El objetivo era coger 280.000 metros exactos de la Z2 y permutarlos.

Esta operación, sin embargo, fue frenada por el Estado por motivaciones jurídicas, al entender que el cambio supone un quebranto patrimonial para Parc Sagunt SL, ya que el precio del suelo que tiene reservado el puerto es ahora menor, tras el último pliego de comercialización.

Ante el bloqueo, Parc Sagunt SL y el puerto han trabajado en las últimas semanas en la alternativa finalmente ejecutada. El pasado viernes, el Estado dio a María José Mira el visto bueno para llevarla adelante. Y ayer se firmó el acuerdo.

Sin embargo, Parc Sagunt SL se compromete a mantener viva la aspiración de la Autoridad Portuaria de Valencia de hacerse con la antigua parcela de Ros Casares. Junto con la novación del contrato, ayer ambas partes firmaron un protocolo de intenciones para que se inicien los procedimientos encaminados a que la permuta sea jurídicamente posible en un plazo de dos o tres meses, explicaron fuentes de la administración autonómica.