Rafael Montero sigue con una nómina superior a los 4.000 euros netos mensuales pese a ser sustituido de la secretaría general y quedarse sin función alguna en la Confederación de Empresarios de Castelló.
La patronal pretende echarlo pagando la mínima indemnización que sea posible por el daño que cree que ha generado la causa judicial y para no agravar el estado de sus cuentas. Es consciente de que es complicado esgrimir la causa judicial para eludir la indemnización sin existir una sentencia en firme, pero no quieren pagar el sueldo de Montero durante el tiempo que tarde en notificarse el fallo, que podría producirse dentro de dos años. Como alternativa baraja un despido objetivo aduciendo la situación de pérdidas de la CEC. En este caso, explican desde la entidad, los 20 días por dos años trabajados -cerca de 100.000 euros- que le corresponderían al ex secretario general serían sufragados en un 40 % por el Fogasa, mientras el 60 % se quedaría en el aire si la asociación empresarial entra en un concurso de acreedores.
