La etapa de Rafael Montero en la secretaría general de la Confederación de Empresarios de Castelló llega a su fin tras casi 30 años al frente. La asamblea de la patronal castellonense acordó ayer la destitución de Montero por su procesamiento en la causa judicial que investiga un presunto fraude de 1,8 millones en cursos de formación. El otrora gobernador civil de Castelló de 1979 a 1982 seguirá de empleado hasta que la entidad formalice su despido.

Montero, de 78 años, permanecerá provisionalmente en nómina pero sin ninguna función. Pese a la causa judicial y el rechazo que genera en la CEC, el ya exsecretario general no se da por vencido e impugnará la decisión aprobada por la asamblea, pero su último cartucho no tiene prácticamente recorrido alguno al haberse quedado sin aliados. Ayer comprobó la soledad en la que se encuentra cuando la junta directiva le hizo el vacío y le impidió incluso participar en su reunión. Se vivieron momentos tensos entre Montero y la dirección de la patronal. El exdirigente, según fuentes presentes, cuestionó la ausencia en el acto de ayer de supuestos empresarios afines, pero tanto la junta como la asamblea votaron de forma mayoritaria „solo hubo tres abstenciones„ a favor del relevo de Montero. Germán Belbis, procedente del azulejo- asume la secretaría general de manera accidental -hasta que se clarifique el despido de Montero-. Juan Fernando Alonso reemplaza el cargo del directivo José Antonio Espejo, también procesado en el caso judicial.

El exsecretario general tenía los días contados desde que el 29 de julio el juzgado número 1 de Nules lo procesó, además de a Espejo, a la CEC, Cierval y tres empresarios por un presunto desfalco de 1,8 millones en subvenciones públicas a cursos de formación de la CEC. Cuatro días antes había dimitido de presidente José Roca forzado por sus vicepresidentes por la grave situación económica de la patronal, pero Montero, que había coincidido el tiempo de Roca, no se dio por aludido. La nueva gestora que sustituyó al expresidente tenía a Montero en el disparadero pero en principio aplazó su marcha. Sin embargo, su procesamiento precipitó los acontecimientos y la CEC confirmó ayer su relevo.

La asamblea ratificó los cinco integrantes de la gestora: Maite Balada, Juan Vicente Bono, Vicente Cuevas, Néstor Pascual y Carmelo Martínez. La nueva cúpula estudiará si es posible despedir Montero sin pagar una indemnización. Para ello se ha de demostrar que ha habido una gestión incorrecta y con un ánimo de beneficio propio. Una segunda alternativa sería indemnizarlo con el mínimo legal, una opción que habría de validar que la CEC tiene pérdidas estructurales y no coyunturales.

La cuenta atrás de Montero comenzó hace un año al iniciarse la investigación judicial que avanzó Levante-EMV. Los empresarios empezaron a levantar la voz por emplear Montero a familiares en la organización.